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Noboa prorrogó por 30 días más el estado de excepción en Ecuador

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Prorrogan estado de excepción en Ecuador - Agencia Carabobeña de Noticia - Agencia ACN - Noticias internacional
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prorrogó este jueves 7 de marzo por 30 días más el estado de excepción a escala nacional que se encuentra en vigor desde el pasado enero por «grave conmoción» y «conflicto armado interno» decretado ante la espiral de violencia que sacudió al país a comienzos de año.

«La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica», indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado, tras la firma del decreto por parte del mandatario.

Noboa estado de excepción en Ecuador

El estado de excepción, con el que el gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, especialmente en la militarización de las cárceles, dominadas muchas de ellas por las bandas criminales, y que fueron declaradas como «zonas de seguridad».

También implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de libertad de reunión, así como la libertad de tránsito durante las noches mediante un toque de queda y la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los presos. También declara a las cárceles como «zonas de seguridad».

La extensión de la medida incluye la aplicación de un sistema de «semaforización» para el toque de queda nocturno, dependiendo de los niveles de inseguridad en cada municipio o provincia.

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El documento aplicó además las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador en su dictamen en el que declaró como constitucional la declaración de este estado de excepción.

Asimismo, en el decreto se recordó que los servidores públicos «serán responsables de cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción», después de que hayan surgido varias denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.

Durante los primeros 60 días del estado de excepción se han ultimado a una docena de presuntos delincuentes catalogados como «terroristas» por el gobierno, mientras que tres policías han fallecido presuntamente a manos de estas bandas.

También se han practicado más de 11.000 detenciones y se han incautado más de 64 toneladas de drogas, así como más de 3.300 armas de fuego, cerca de 4.500 armas blancas y más de 24.000 explosivos.

Banda criminales

El pasado 8 de enero, Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por 60 días, ante una serie atentados y acciones violentas de las bandas criminales, que se acrecentaron al día siguiente con la toma de un canal TC Televisión por parte de un grupo armado durante una emisión en directo.

Al mismo tiempo se sucedieron una serie de motines simultáneos en diferentes cárceles de las que se fugaron cerca de 90 presos y donde unos 200 guardias y policías permanecieron secuestrados durante cerca de una semana.

Días antes se había fugado el narcotraficante José Adolfo Macías Salazar (Fito), líder de Los Choneros, considerada una de las bandas más peligrosas del país, con presuntos nexos con carteles mexicanos.

Estos episodios se sucedieron cuando el gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su política de «mano dura» para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.

La violencia carcelaria saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.

Con información de ACN/el nacional

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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