Nacional

Presidente Maduro superó índices de violaciones de DD HH registró Provea

Publicado

Hace 6 años

21 abril, 2018

Por

Francisco Mayorga

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Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia del país, el 19 de abril de 2013, hasta entonces los índices de detenciones arbitrarias, represión y violación de derechos humanos se mantenían inertes. La ONG denunció que en este periodo de gobierno se han registrado 210 muertes en el contexto de protestas, lo que triplica el número de casos de los últimos 21 años.

Pero desde esa fecha las cifras han ido creciendo al igual que los golpes a la democracia, la inflación y la escasez de alimentos y medicinas. Provea registró 23.227 violaciones a la integridad personal en 2017.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que el gobierno de Maduro registra la más alta cifra de abusos contra los venezolanos y de impunidad. En los cinco años de gestión se ha caracterizado por asfixiar los derechos elementales de los ciudadanos y el Estado de Derecho no solo por omitir sus responsabilidades, sino por crear mecanismos que coartan la libertad de la gente.

En el periodo de mandato del “presidente obrero” la ONG ha sumado 34.332 detenciones arbitrarias por parte de agentes de seguridad del Estado y de organismos de inteligencia. De ese número, la mayoría ocurrió en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo, OLP. En 2014 y 2017 contaron más de 7.000 arrestos durante las protestas, la cifra más alta en la historia del país de aprehensiones en ese contexto.

Inti Rodríguez, coordinador de Comunicaciones de Provea, señaló que en todos los casos fueron detenciones al margen de la Constitución y las leyes. “Eran personas sobre las cuales no pesaba ninguna orden de captura. Era gente que expresaba su descontento al gobierno o disidentes políticos”.

El gobierno de Maduro ha triplicado los índices de mortalidad en protesta: supera registros de gobiernos anteriores. En los últimos 21 años, 289 personas fueron asesinadas en medio de manifestaciones debido a la actuación de agentes de seguridad, grupos armados y accidentales, señala la ONG. Solo en el gobierno se registraron 210 muertes, de las cuales 70% fueron producidas por funcionarios de la seguridad estatal y paramilitares.

Menos garantías, más represión. Rodríguez indicó que a medida que la crisis política, económica y social en el país se ha agudizado también ha escalado el patrón sistemático y de represión contra los ciudadanos. La implementación de planes de seguridad del Ejecutivo es una muestra.

La acentuación de la represión empezó en 2015 con los operativos de la OLP, en los que aplicaron patrones represivos de las protestas de 2014, pero de manera selectiva y en comunidades. Esas acciones se profundizaron en los cuatro meses de reclamos, en 2017, cuando se evidenciaron las mayores violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en el país como consecuencia de la militarización de la seguridad ciudadana y del Estado, así como de la impunidad.

“A medida que ha aumentado el descontento popular ha ido escalando la respuesta represiva del gobierno contra los sectores de la sociedad”, expresó el activista de los derechos humanos. Calificó de terrorismo de Estado las acciones represivas del gobierno. Afirmó que con estas prácticas el Ejecutivo intenta acallar el descontento y que la población se inhiba de exigir sus derechos.

Añadió que Maduro posee el número de denuncias de violaciones a la integridad personal más alto en los últimos 57 años. En las manifestaciones del año pasado, 23.227 personas fueron víctimas de este tipo de agresiones.

HRW pidió a la OEA exigir libertad de niños presos

José Miguel Vivanco, director para Latinoamérica de Human Rights Watch, instó al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Andrés González, incluir en la agenda de debates la situación de los menores de edad detenidos en Venezuela en lo que va de gobierno de Nicolás Maduro.

También exhortó a los países miembros de la OEA que exijan a Maduro que dé información y la libertad inmediata e incondicional a los menores de edad que se encuentran presos por razones políticas, entre ellos Ender González y Dylan Canache, que están detenidos en condiciones de hacinamiento en el Sebin del Helicoide desde enero. Les niegan la visita de sus familiares y no han sido liberados pese a que el tribunal les concedió libertad bajo fianza.

Desde 2017 el gobierno de Maduro ha arrestado a 442 menores de edad a través de agentes de seguridad del Estado y de organismos de inteligencia, por presuntamente estar vinculados a manifestaciones. De ese grupo, más de 200 tienen un proceso penal abierto, denuncia en un comunicado Human Rights Watch, en el que citan las cifras del Foro Penal.

ACN/diarios

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Nacional

Servicios públicos continúan deteriorándose según Monitor de Cedice Libertad

Publicado

7 horas ago

20 mayo, 2024

Gabriela Suniaga

Servicios públicos Monitor de Cedice Libertad

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Servicios públicos como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones continúan en franco proceso de deterioro en todo el país según lo determinó el más reciente estudio del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad.

El Monitor del OGP se basó en las siguientes fuentes: una encuesta digital que se remite a 2300 personas desplegadas en todo el territorio nacional, con el apoyo de corresponsales voluntarios en 10 localidades.

El instrumento recolecta insumos cuantitativos sobre el desempeño de servicios básicos en términos de continuidad, cobertura y calidad, además de la revisión de 25 medios digitales para captar denuncias ciudadanas.

Electricidad

El reporte es de marzo de 2024 y detectó que en cuanto al suministro de electricidad, 76 % de los encuestados reportó incremento de la cantidad de apagones o fallas en su sector.

Destacaron que en algunos sectores los cortes de electricidad superan las 6 horas. “Creció un 3% en comparación con el mes anterior y las ciudades con más incidencias en materia eléctrica son: Zulia, Bolívar, Yaracuy, Falcón y Mérida.

El Monitor de Servicios Básicos determinó que el promedio mensual sin luz en los estados con más problemas en la prestación del servicio es de 12, 8 horas, 4,10% más que en febrero y las fallas reportadas fueron 31.962, 4,91% más.

En cuanto a pagos extra que hacen los entrevistados para suplir fallas en el suministro de luz, el estudio determinó que hubo desembolsos de entre US$ 20 y US$ 30.

“Esta inversión va dirigida al mantenimiento o alquiler de plantas y la compra de insumos para linternas improvisadas (…)61% De los encuestados destacó la creciente incertidumbre respecto a los avances en el plan borrón y cuenta nueva. Quieren más y mejor, así como una atención consistente a las fallas”.

Agua

Sobre este servicio, el reporte señaló que el 62% de los encuestados destacó que hay cansancio ante la inestabilidad del suministro de agua en su comunidad.

“La sequía no permite la planeación de actividades hogareñas que necesitan agua; además los ciudadanos deben invertir mucho tiempo en procesos de acumulación del líquido en tanques y recipientes”.

Y 52% de los encuestados aseguró que en su localidad no se han ejecutado mejoras en las tuberías o en los mecanismos de distribución ya que debe pasar un lapso ente que el agua sale de la tubería turbia a más clara.

El promedio de pagos adicionales que ejecutan los venezolanos para cubrir las deficiencias en materia de agua ronda entre USD 30 y USD 40. El ciudadano compra agua para consumo y también compra agua a camiones cisterna.

Puntos de dolor

El informe del OGP de Cedice Libertad señala que los 5 “puntos de dolor” que aquejan más a los venezolanos en materia de agua y saneamiento son:

Los cronogramas de racionamiento del suministro de agua generalmente se incumplen.
Las tarifas son muy bajas país la prestación del servicio.
Hay constantes botes de agua en las calles por deterioro de tuberías
Parece que no existe un programa de atención de fallas y emergencias.

Telecomunicaciones

El informe detectó que 76% de los encuestados aseguró que las fallas o averías se generan en horas de mayor provecho del día, ralentizando y en algunos casos, imposibilitando las gestiones administrativas y operativas en muchas empresas.

En Zulia se reportaron fallas que imposibilitaron las gestiones bancarias en varias ocasiones.

El 87% de los encuestados aseguró haber experimentado alguna avería con su servicio de internet o telefonía fija, “bien sea producto de falla eléctrica o por falta de mantenimiento”.

“55% asegura tiene más de 6 meses sin solución a estas situaciones y la mayoría destacó que aun cuando paga el servicio, no lo recibe”.

Para el 80% de los encuestados, el cambio a alguna solución de internet privada es un hecho. Las taifas oscilan entre los US$ 20 y US$ 60 mensuales.

“Esta migración se produce porque la gestión de la empresa de telecomunicaciones del Estado es ineficiente, poco confiable y tardía”, expresó el papal de trabajo.

Puntos de dolor

Al menos 4 de cada 10 usuarios ha tenido problemas con sus líneas telefónicas fijas. Hay fallas intermitentes o no funciona las líneas.

La velocidad, latencia y estabilidad del internet dispuesto por la empresa estatal es intermitente

Las jornadas de mantenimiento requieren cobros extraoficiales

Aunque las tarifas han incrementado, el servicio sigue siendo ineficiente

Existen pocos canales efectivos para formular denuncias o reclamos

Gas

Varios estudios independientes señalan que aproximadamente el 87% de los venezolanos requieren el servicio de gas por bombona (GLP – Gas Licuado de Petróleo).

“La provisión del llenado se ejecuta bajo esquema de distribución manual. Entretanto, más de 2/3 de los encuestados esperan la activación de un plan de suministro de gas directo cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que aún utilizan gas por bombona”, señaló Cedice Libertad.

El 10% de los encuestados por los investigadores del OGP aseguró que usa leña o cocinas a carbón para cocinar, producto de que la distribución de gas en su localidad es ineficiente.

“Esta métrica sigue en crecimiento, hace unos meses era 7%”.

Una gran cantidad de los encuestados ha solicitado la instalación de gas directo, pero algunos proveedores presentan tarifas que oscilan entre los US$ 100 y US$ 200 por hacer el cambio.

Más del 25% de los encuestados aseguró haber tenido un incidente relacionado con su bombona. De este porcentaje, el 6% aseguró haber sido una explosión.

Puntos de dolor

Hay inconsistencia en el esquema de reemplazo de bombonas.
El parque de bombonas está obsoleto. Solo dos de cada 10 son de nueva tecnología.
Los ciudadanos han optado por pagar tarifas extraoficiales para obtener un trato preferencial a los distribuidores de las bombonas.
La frecuencia no es cubierta por un cronograma conocido.
No se tiene un tiempo estipulado para el reemplazo de la bombona. Puede ser entre 2 o 4 horas y hasta más tiempo.

Para promover mejoras sustanciales en la prestación de los servicios públicos, los investigadores del OGP de Cedice Libertad consideran que se pudiesen privatizar tramos específicos de procesos en materia energética , agua, etc, que permita mejorar y flexibilizar los resultados .

También recomendaron desarrollar una política de alianzas público- privadas, así como las consultas nacionales orientadas a indagar sobre priorizar cual debe ser el uso de los presupuestos nacionales para solventar las carencias en materia de servicios públicos.

Aconsejan para identificar en dónde están las oportunidades de mejora de los servicios,

Desde la perspectiva liberal, el equipo del OGP estima que es vital la participación del sector académico para analizar la gestión de las propuestas y su respectivo seguimiento.

Además los que se planea la reculturización vial, de transporte público, de concientización para hacer uso racional del agua, entre otros aspectos.

Con información de nota de prensa

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