Acciones penales y administrativas exigió el Gobierno de Venezuela al Colombia. En un una nota de protesta el el Jefe de Estado solicitó sanciones contra funcionarios. Se trata del grupo que consintió celebrar en Colombia el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.

El encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, recibió el comunicado por el viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alexander Yánez.

Los altos funcionarios colombianos violaron principios fundamentales del Derecho Internacional. Permitieron la celebración de la sesión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en la Sede del Congreso. Así lo aseguraron en el escrito.

En el texto se lee que también vulneraron la soberanía, la libre elección de sistema político, económico y social. Transgredieron las normas internacionales de no injerir en los asuntos de otros países. Atentaron contra la buena vecindad y justa correspondencia diplomática.

Ante esta situación exhortaron al Estado colombiano a establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Con el propósito de cumplir tanto de su propia legalidad como de las normas internacionales. El llamado incluye responsabilizar administrativa y penalmente a los implicados.

Antejuicio de mérito contra Maduro

El antejuicio de mérito contra el Presidente se celebró el 3 de abril en Colombia. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, como se hacen llamar, realizaron esa sesión. El objetivo es enjuiciar a Maduro por supuestamente estar incurso en delitos de corrupción con la constructora brasileña, Odebrecht.

El inicio del antejuicio fue posible por una solicitud que consignó el Tribunal Supremo en el exilio. Ese TSJ que está en el extranjero, fue designado por la Asamblea Nacional. Su legitimidad no es reconocida por el Gobierno que conformó un Tribunal con magistrados de tendencia oficialista. De esa misma corriente constituyó una Asamblea Nacional Constituyente, paralela al parlamento nacional. Esto fue posible tras una consulta popular.

ACN/Ministerio de Relaciones Exteriores

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