Internacional
HRW denuncia que gobiernos del continente implementan políticas migratorias deficientes ante crisis en Venezuela
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que los gobiernos del continente americano implementan políticas limitadas y deficientes que llevan a los migrantes a cruzar la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos ante crisis como las de Venezuela y Haití.
«Los esfuerzos por regularizar la migración en la región a menudo han sido insuficientes debido a una combinación de plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos onerosos en cuanto a documentación y retrasos administrativos», indica un informe publicado este miércoles.
HRW analizó las directrices de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú e identificó desafíos para generar oportunidades reales de integración socioeconómica de los migrantes antes de huir a Estados Unidos por el Darién.
Esa situación, según el informe, ha impulsado a miles de personas a atravesar esa jungla de 575.000 hectáreas entre Panamá y Colombia, pese a enfrentar peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales.
Gobiernos implementan políticas migratorias deficientes
HRW criticó el convenio alcanzado entre Estados Unidos y Panamá para expulsar vía aérea, con financiamiento de Washington, a los migrantes llegados por ese corredor: «Es probable que este acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región».
Según cifras recabadas por la ONG, en el último año y medio más de 700.000 personas han cruzado el Darién huyendo de la violencia, la persecución y las crisis humanitarias. De ellos, 477.000 son venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos.
«Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias», afirmó en el reporte Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW.
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Desde el 28 de julio, Venezuela está inmersa en una crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro entre denuncias de fraude de la oposición, con protestas espontáneas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y 2.400 detenidos. Su rival Edmundo Gonzáles Urrutia, que reivindica la victoria, tuvo que exiliarse en España.
HRW destaca un sondeo de la firma Megaanálisis en el que 43% de los encuestados estaba considerando la posibilidad de abandonar Venezuela.
Haití también vive una debacle política y de derechos humanos luego de que en febrero varias de las pandillas que controlan la capital se aliaron para derribar al controvertido primer ministro Ariel Henry, que finalmente fue sustituido por un gobierno de transición.
La violencia de esas bandas, acusadas de asesinatos, saqueos, violaciones y secuestros, ha dejado casi 600.000 desplazados internos entre enero y junio de 2024 y ha llevado a 5,5 millones de personas, casi la mitad de la población, a sufrir necesidades humanitarias, según la ONG.
HRW pidió a los gobiernos americanos «implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable».
También «crear un mecanismo regional equitativo» para tramitar las solicitudes de refugio.
Con información de ACN / el nacional
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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