El féretro del papa Francisco no será trasladado por la Plaza de San Pedro. Según informó este viernes 25 de abril Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, al ofrecer detalles sobre el rito fúnebre del pontífice argentino.
Durante la cuarta Congregación General celebrada en el Aula del Nuevo Sínodo del Vaticano, los 149 cardenales presentes en Roma dedicaron la mañana de este viernes 26 de abril a reflexionar sobre el legado del papa Francisco y los desafíos actuales de la Iglesia. La sesión, que comenzó a las 9:10 a. m. y se extendió hasta las 12:20 p. m., incluyó 33 intervenciones centradas en temas eclesiales y globales.
Al final del encuentro, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, arzobispo Diego Ravelli, explicó a los cardenales que el funeral de Francisco será el de un pastor, no de un soberano. Marcando así una ceremonia sencilla y profundamente espiritual, en consonancia con la vida del pontífice.
El arzobispo también aclaró que el cuerpo del papa no será expuesto en un catafalco ni en ninguna plataforma elevada, enfatizando la sobriedad del acto.
La misa fúnebre se celebrará el sábado a las 4:00 a. m.(hora venezolana), con la asistencia de delegaciones internacionales. Según el protocolo, estarán presentes primero los presidentes de Argentina y de Italia, seguidos por miembros de casas reales y otros jefes de Estado, ordenados alfabéticamente según el idioma francés.
Féretro del papa Francisco…
Bruni añadió que la procesión que trasladará el féretro del papa Francisco hacia la Basílica de Santa María la Mayor se realizará desde la Puerta Perugino y no atravesará la Plaza de San Pedro. La marcha durará aproximadamente media hora y el ataúd será visible durante el recorrido.
El entierro se efectuará en un acto privado, en la tumba ubicada en el pasillo lateral de la basílica mariana, un lugar escogido por el mismo Francisco por su profunda devoción a la Virgen bajo la advocación de Salus Populi Romani.
El domingo 27 de abril por la tarde, los cardenales se reunirán nuevamente en Santa María la Mayor para rendir homenaje al papa. A las 4:00 p. m. atravesarán la Puerta Santa, visitarán la tumba y concluirán el encuentro con la oración de las Vísperas en la Capilla Paulina.
Hasta el mediodía del viernes, se estima que alrededor de 150,000 fieles han pasado por la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al papa Francisco, cuyo legado de humildad, cercanía y servicio marcará una huella profunda en la historia de la Iglesia.
A saber
La capilla ardiente del pontífice argentino permanecerá abierta hasta las 19.00 horas locales, para después proceder a la ceremonia del cierre del féretro.
Las autoridades italianas prevén la presencia de 200.000 personas en las exequias, incluidos los representantes de 170 países confirmados.
La Protección Civil italiana ha lanzado un mensaje a todos los teléfonos de Roma para informar del cierre de la plaza vaticana desde las 17.00 locales de hoy (15.00 GMT).
El rito del cierre del féretro tendrá lugar después y será privado.
Tras el funeral del sábado, el cuerpo de Francisco lo llevará un cortejo fúnebre cruzando toda Roma hasta la basílica de Santa María La Mayor, donde decidió reposar por ser muy devoto de la Virgen ‘Salus Populi Romani’.
Su sepulcro es preparado junto a la capilla que alberga ese icono mariano y consistirá en una simple losa de mármol en el suelo con una única inscripción, ‘FRANCISCUS, su nombre pontificio en latín.
En la pared habrá una reproducción de su cruz pectoral, en plata y con el Buen Pastor.
A Roma ya han llegado un total de 149 cardenales del total de los 252 que componen el colegio cardenalicio.
En cuanto al cónclave, la legislación vaticana establece que debe comenzarse en el plazo máximo de 20 días tras la defunción del papa, que se produjo el 21 de abril, por eso se espera que los cardenales se encierren en la Capilla Sixtina entre el día 5 de mayo, cuando termina el luto, y el día 10, cuando se cumple el plazo de los 20 días sin papa.
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
