Internacional
ELN ordenó a sus estructuras un cese al fuego desde este jueves
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó a todas sus estructuras el cese al fuego contra las fuerzas militares desde este jueves y hasta el 3 de agosto, cuando comienza oficialmente el cese al fuego bilateral nacional por 180 días pactado con el Gobierno colombiano.
«A partir de las 00 horas del 6 de julio hasta las 00 horas del 3 de agosto de 2023, las estructuras del Ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional», dice el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.
ELN ordenó cese al fuego
Se trata de una forma de cumplir el periodo de «alistamiento» que guerrilla y Gobierno pactaron en La Habana en la tercera ronda de negociaciones y que conlleva un cese al fuego bilateral nacional desde el 3 de agosto, con un periodo desde el 6 de julio de preparación entre las dos partes.
Las estructuras del ELN deberán cesar también desde este jueves acciones de Inteligencia, pero mantendrán activadas dispositivos de defensa y seguridad «para responder a amenazas o ataques de cualquier estamento o grupo armado contra nuestras unidades o contra la población civil».
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aún no ha firmado el decreto de cese al fuego, un paso necesario, según ha subrayado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en varias ocasiones para que el Ejército y la Policía cesen sus acciones ofensivas contra la guerrilla.
«Mientras no haya un cese al fuego en vigor -y esto se produce en el momento que el presidente expide un decreto que señala el día y la hora precisas- las operaciones ofensivas, toda la actividad de la fuerza pública con todas sus capacidades, continúa desplegándose», ha incidido Velásquez.
Esto se produce un día después de que se conociera que el Frente de Guerra Occidental del ELN, que opera en el selvático departamento del Chocó (oeste), anunciara un «paro armado» desde este martes y de forma indefinida en toda la región de San Juan, Sipí, Cajón y sus afluentes, en este departamento.
«Llamamos a todos los habitantes y transportadores para que se abstengan de circular en el territorio mientras esté vigente dicha orden», anunció el comandante de ese frente, «Gerson», en un audio.
Esta región lleva varios paros armados de la guerrilla, que está en combates abiertos con las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que desde finales del año pasado ha expuesto a cientos de personas de esta zona, que viven conectadas a los centros urbanos por ríos, confinadas o obligadas a tener que dejar sus hogares.
Familias se encuentran desplazadas
Precisamente la semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de Paz (AOCP) informó que más de un centenar de familias se encuentran desplazadas y unas 800 confinadas en el río San Juan y el Sipí, tras una evaluación hecha con las comunidades en una Misión Paz, que volverá esta semana a la zona a pesar de los choques.
La crisis, según los habitantes de la zona, se asemeja a la sufrida entre 2000 y 2004 cuando se recrudeció la guerra entre las extintas FARC y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tiene lugar precisamente en un momento en que el ELN está sentado en una mesa de negociación donde se acordaron «alivios humanitarios» para esta zona del Bajo San Juan.
Con información de ACN/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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