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Internacional

ELN arrojó granadas a sede de la Fiscalía en frontera con Venezuela

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ELN arrojó granadas a sede de la Fiscalía en Colombia. ACN
Foto: Agencias
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El grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) arrojó unas granadas a la sede de la Fiscalía colombiana; ubicada en la ciudad de Ocaña; en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, el organismo indicó que el ataque se produjo este lunes alrededor de las 3:00 hora local. Efectivos policiales encontraron una bandera del ELN a escasos metros de la explosión.

En declaraciones a la prensa el comandante de la Policía en Norte de Santander, coronel Fabián Ospina Gutiérrez; informó que el incidente, no dejo ningún herido pero sí daños materiales. Asimismo, señaló que están tras la pista de los individuos que arrojaron los artefactos explosivos.

Cabe destacar que el ELN aumentó sus ataques contra la fuerza pública la semana pasada; con motivo del 55 aniversario de su fundación y publicó un polémico video en el que utilizó a niños con fines propagandísticos.

Asesinato: teniente Salamanca Saavedra

El 4 de julio, un francotirador del grupo guerrillero asesinó al teniente César Salamanca Saavedra; en la región del Catatumbo, en el mismo departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con un comunicado del comando de la Fuerza de Despliegue Rápido No 3; Salamanca fue asesinado por guerrilleros del ELN que atacaron a la tropa que patrullaba en el municipio de Teorama.

El gobierno de Colombia y el ELN comenzaron negociaciones de paz en febrero de 2017 en Quito  y en mayo del año pasado fueron trasladadas a La Habana; donde la última ronda de diálogos concluyó sin resultados tangibles el 3 de agosto, cuatro días antes de la posesión de Iván Duque como presidente.

Sin embargo, los diálogos fueron aplazados luego del atentado con un carro bomba cometido por el ELN el pasado 17 de enero; contra una Escuela de Oficiales de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos y 66 heridos. Con información: ACN/EFE

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Internacional

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

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Gobierno de EEUU solicita deportar venezolanos
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A través del Departamento de Justicia, el Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que permita deportar casi 200 migrantes venezolanos que mantiene hoy en un centro de detención en Texas. El argumento para solicitar la aprobación de la Corte es que estas personas son presuntos miembros del Tren de Aragua.

El máximo tribunal suspendió temporalmente el mes pasado la expulsión de migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada en tiempos de guerra.

El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, suscribió un documento judicial entregado a la Corte para solicitar el permiso.

Siguiendo la línea del Gobierno, insiste en que algunos de los 176 migrantes bajo custodia, presuntamente son integrantes de la pandilla venezolana. Alega que demuestran ser peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.

Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas

El documento cita un hecho descrito por un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional en el que supuestamente 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron. Agrega que durante el incidente amenazaron con tomar rehenes.

Dicho incidente se produjo en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Precisamente donde un dron capturó hace poco una vista aérea de detenidos enviando un mensaje con las letras de auxilio “SOS”.

La Casa Blanca insiste que las expulsiones efectuadas hasta el momento bajo la ordenanza del siglo XVIII tienen fundamento. Aduce que todos los enviados a una megacárcel en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, aunque las pruebas son escasas.

Grupos defensores de los inmigrantes denuncian abuso de un poder presidencial peligroso para deportar a personas indocumentadas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.

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