Internacional
Detenida venezolana en República Dominicana que se hacía pasar por cirujana
Detenida una venezolana señala de usurpar funciones de cirujana plástica y operar a pacientes en República Dominicana.
Según informaron medios locales, a Karla Moya Boada, quién se hizo viral en las redes por un vídeo en dónde denunciaban que se hacia pasar por médico, el Ministerio Público de ese país le solicitó un año de prisión preventiva.
En el mes de julio se conoció sobre el caso de Moya Boada y este 25 de septiembre, cuando intentaba salir del país desde Punta Cana, quedó arrestada por agentes de la Dirección General de Migración.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, es el encargado de dictar el veredicto.
Canal9 de República Dominicana llevó adelante una investigación sobre la venezolana. Y entre otros contactó a pacientes, víctimas de la mala praxis de la venezolana. Algunas de ellas casi pierden la vida.
El medio señaló que luego de la denuncia, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de la clínica donde ella trabajaba porque no cumplía con los requisitos suficientes.
Moya afirmaba ser médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, no se encontró evidencia de tales estudios superiores más allá de algunos certificados y diplomas ofrecidos por casas comerciales de estética.
ACN/El Nacional
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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