Una organización de secuestradores que operaba en Maracay la integraban detectives e inspectores comandados por un comisario del Cicpc.

El jefe policial,  al igual que un inspector agregado fueron los primeros en caer. Las investigaciones podrían derivar en el esclarecimiento de una cadena de plagios ocurridos en Aragua y Carabobo. Agentes de Inspectoría General del organismo policial apresaron al comisario jefe Jorge Gilbert Amaya, jefe del Cicpc de Mariara y al inspector Feiber Antonio Elías Sánchez. Ambos con una insospechada trayectoria dentro del cuerpo.

El director del Cicpc, comisario Douglas Rico, confirmó las aprehensiones y anunció que serán implacables contra todo aquel funcionario que se aparte de la ley.

De acuerdo con las investigaciones el comisario del Cicpc actuaba también junto con otro detective y otro inspector. Ambos se encuentran en fuga. Las autoridades buscan activamente al detective Ender Lavieri y al inspector Elis Méndez, el inspector agregado Ángel Mijares.

Asimismo intentan capturar a   Luis Alberto Rodríguez Zapata, de 47 años. Este último se encargaba de establecer comunicación con familiares de las víctimas para cobrar los rescates. A todos ellos se les tramita una solicitud de búsqueda internacional a través de Interpol.

El jefe era comisario del Cicpc

Trascendió en medios policiales que el secuestro de una comerciante colombiana permitió conocer las actividades de la organización delictiva. Al parecer un funcionario policial engaño a la mujer a quien conoció en Cúcuta. La víctima le dijo que tenía unos dólares  y quería practicarse una cirugía estética. Le dijo que él se comprometía ayudarla y asistirla en Maracay.

No obstante, a la infortunada comerciante la secuestraron al llegar al país. La mujer llegó acompañada de un cuñado. Una comisión del Cicpc los sometió y los mantuvo en cautiverio en un apartamento y en una vivienda.

Se conoció que el esposo de la mujer tuvo que vender varias propiedades para cancelar el rescate. Días después se canceló lo que los policías exigían. Sin embargo, los funcionarios querían más dólares. Dejaron en libertad a la comerciante y dejaron a su cuñado.

Ella al llegar a Cúcuta denunció ante las autoridades su amarga experiencia con los detectives del Cicpc.