Nacional
Ganaderos detenidos por negarse a “matraqueo” de Alcaldía en Apure
Por negarse a entregar parte de su producción a la Alcaldía de San Fernando, en el estado Apure, ocho ganaderos fueron detenidos la mañana del lunes. La información fue difundida por Fedenaga en su Twitter.
La entrega de un porcentaje de la producción al ayuntamiento fue calificado como ilegal por la asociación de ganaderos, quien precisó que uno de los detenidos es el presidente de Agapure, Manuel Castillo.
El procedimiento ejecutado por efectivos que forman parte de la Guardia Nacional y la Policía Estadal, incluyó el uso de bombas lacrimógenas y perdigones contra los ocho trabajadores. En la aprehensión 100 toneladas de queso llanero le fueron decomisados.
La alcaldesa del municipio San Fernando, Ofelia Padrón, obligó a entregar 4% de su producción a ese organismo local. La medida que es ilegal de acuerdo con la Gaceta Oficial N° 41325.
1/3 #5Marzo #Ahora
Al menos 8 personas detenidas entre ellas el Presidente de Agapure, Manuel Castillo y otros productores apureños que se negaron a entregar un porcentaje de su producción ilegalmente establecido por la alcaldía de San fernando.— Fedenaga (@Fedenaga) March 6, 2018
2/3 Los productores y algunos dirigentes gremiales de la entidad apureña fueron detenidos luego de ser atacados con bombas lacrimógenas y perdigones. #Ahora #5deMarzo
— Fedenaga (@Fedenaga) March 6, 2018
3/3 Tras el suceso irregular más de 100 Toneladas de queso llanero se encuentran a la deriva. El operativo que inicio en horas de la mañana, fue dirigido por la GN de la localidad y la policia del estado. #YaBasta #apure #5Marzo #productoresPorVzla
— Fedenaga (@Fedenaga) March 6, 2018
Ana Ramos/ACN
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Nacional
Cerca de 70 ataques a libertad de expresión en 2024 y más de 200 en 2023
En Venezuela se registraron 68 ataques a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, según informó este viernes la ONG Espacio Público.
“Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales”. Señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual.
Agregó que los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %). Sin precisar a qué hechos corresponde el 29 % restante.
“Esto da cuenta de una frecuencia importante (…) vinculado justamente a un periodo donde hay unas elecciones presidenciales cerca y las limitaciones son mucho mayores en esos contextos”, señaló.
68 ataques a la libertad de expresión en 2024
Rodríguez añadió que entre enero y abril han documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias.
Esta situación, dijo, tiene un “impacto significativo en la posibilidad de acceder a información de interés público de diverso tipo, donde las fuentes principales de mayor interés, sobre todo en situaciones de crisis, son menos abordadas, por ejemplo, en el caso de las fuentes políticas”.
Detenciones vinculadas
Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.
Rodríguez sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.
“De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue una decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos”, apuntó.
Asimismo, dijo que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.
204 ataques en 2023
Durante 2023 se registraron 204 ataques a la libertad de expresión, lo que representa una disminución del 11 % con respecto a los 226 casos computados en 2022, según el informe anual de la ONG Espacio Público revelado este viernes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
“Durante 2023, registramos, al menos, 204 casos, lo cual representa una disminución del 11 % con relación al número de situaciones registradas en 2022″, reza el informe de la organización.
Asimismo, dijo que aunque en 2023 se registró la “menor cantidad de eventos” en la última década, la incidencia “se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013”.
“Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal, respecto al año anterior”, agregó.
Principal violación registrada
Asimismo, la principal violación registrada, prosiguió Espacio Público, fue la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).
La ONG explicó que la intimidación está vinculada a los “impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores”.
Los principales victimarios, según Espacio Público, fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %), desconocidos (6 %).
Por otra parte, la organización registró 28 detenciones, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, lo que representa -dijo- un aumento del 65 % con relación a 2022, cuando documentó 17 detenciones.
“Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas”, señaló.
A juicio de la organización, estas aprehensiones suelen ser una “medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea”.
ACN/MAS/EFE
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