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Foro Penal: Venezuela registra más de 750 desapariciones forzadas desde 2018

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Venezuela registra 757 desapariciones forzadas - noticiasACN
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Venezuela registra 757 desapariciones forzadas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de este año; fecha para la que, al menos, 14 personas seguían en paradero desconocido.

Asi se desprende del informe de la organización no gubernamental Foro Penal que fue presentado ayer y publicado por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights.

Según la información recabada por la organización venezolana, examina estos casos que constituyen; a juicio de los realizadores, una práctica sistemática y de represión política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

La desaparición forzada, explican, es un crimen de lesa humanidad; que se produce cuando una persona es detenida y por más de 48 horas las autoridades no brindan ninguna información al respecto.

Es una «práctica que reviste especial gravedad porque coloca a la víctima en un estado de absoluta indefensión» expresa.

Venezuela registra 757 desapariciones forzadas

Asimismo, señala el escrito, que el Ejecutivo emplea la «represión política» con cinco propósitos entre los que están la intención de excluir a personas del mundo político; que son contrarios al chavismo e intimidar a quienes son parte de un grupo social que el Gobierno considera necesario «neutralizar».

Los otros tres motivos de la represión política que contempla el informe son la propaganda o el intento de trasladar hacia terceras personas la responsabilidad por «propios fracasos» del Gobierno; la «extracción» de información a detenidos y el ataque personal que se traduce como «expresiones de abuso de poder por «quienes ejercen funciones públicas».

Contra militares…

«Las tendencias en los datos sugieren fuertemente que en 2019 el régimen bolivariano uso la desaparición forzada particularmente en contra de militares», subraya el informe.

Rsalta el informe los uniformados pasaron, en promedio, entre dos y cuatro días más que los civiles desaparecidos.

Dice que del total de 724 desapariciones forzadas que se registraron entre 2018 y 2019 (200 y 524, respectivamente) 161 -civiles y militares- fueron torturados.

«Se han registrado numerosos casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes»; precisa el texto.

En 2019, un miembro de las fuerzas armadas desaparecido forzadamente «tenía una probabilidad de casi el 95 % de ser torturado también».

Cuerpos policiales involucrados

Igualmente, señaa el informe, que el Gobierno usa la gran diversidad de cuerpos policiales y militares;  creado para acometer las detenciones arbitrarias que se convierten luego en desapariciones forzadas.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lideró el ránking de señalamientos en 2018; mientras que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo hizo en 2019, relata el escrito.

Otros cuerpos que suman decenas de casos de desapariciones forzadas son el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), siendo este un equipo que Naciones Unidas pidió disolver por su responsabilidad en «ejecuciones extrajudiciales».

Según datos del Foro Penal, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019 se produjeron 15.160 detenciones con fines políticos en Venezuela. 

ACN/MAS/EFE

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Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

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Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador
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En un comunicado, la Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador.

El titular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, hizo público el comunicado oficial como respuesta a una misiva enviada por el gobierno de Nayib Bukele.

En la correspondencia, suscrita por el ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, se formaliza la propuesta hecha por el presidente del país centroamericano de intercambio de detenidos.

Bukele propuso al gobierno de Venezuela liberar a los «presos políticos» a cambio de la excarcelación de más de 250 venezolanos detenidos en su país.

Al respecto, el Gobierno de Venezuela considera que dicha nota «constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos». Así como de la «comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».

Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

El documento divulgado por el canciller Gil destaca en cinco puntos, lo que catalogó como «los graves crímenes cometidos por gobierno de El Salvador». Esto al mantener «secuestrados» a los migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El documento de la parte venezolana señala:

1- Violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de su libertad de forma arbitraria y recluidos sin orden judicial ni juicio previo en el CECOT.

2- Criminalización colectiva y xenofobia institucional. Al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales.

3- Negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia. Al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica.

4- Propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible. Al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un «intercambio» por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles).

5- Secuestro y traslado forzoso a un tercer país, sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de los Estados Unidos de América. Quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño.

El comunicado del gobierno de Venezuela finaliza exigiendo «la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en territorio salvadoreño«. Asimismo, responsabiliza al Estado salvadoreño por «cualquier afectación a la integridad física y psicológica de los connacionales encarcelados».

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