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Consorven: en Venezuela son vulnerados los derechos de las personas con discapacidad

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Este miércoles, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), afirmó que la situación que atraviesan las personas con discapacidad en Venezuela es lamentable, por lo que instó a las autoridades del país a elaborar, de forma eficaz, políticas públicas en favor de esta población.

A propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, declarado por el Parlamento en 2021, el presidente de esta ONG, Juan Ángel De Gouveia, aseguró que en Venezuela son vulnerados los derechos de esta comunidad, establecidos en convenciones internacionales de las que la nación petrolera forma parte.

“A dos años de esta proclama no se han visto cambios sustentables que beneficien o enaltezcan a las personas con discapacidad en el país”, dijo De Gouveia, citado en un comunicado.

Cierre de escuelas para personas con discapacidad

Entre las situaciones que atraviesa esta población, Consorven destacó el cierre de escuelas especiales por falta de personal, la fuente de empleo inexistente y la falta de apoyo de intérpretes de lengua de señas en espacios o eventos públicos, además de la decadencia en la atención que ofrece el sistema público de salud.

Igualmente, subrayó que no hay estadísticas confiables sobre el número de personas con algún tipo de discapacidad, lo que dificulta la ejecución de políticas públicas y planes que beneficien a este grupo.

Leyes que no se aplican

Agregó que, en Venezuela, hay una Ley para Personas con Discapacidad, promulgada en 2016, pero que existen dificultades para ponerla en práctica por la falta de un reglamento que permita su aplicación.

“Tenemos más de 16 años con una ley sin reglamento. Nos preocupa que se estén haciendo leyes separadas por discapacidad y que pase lo mismo: que no cuenten con reglamento, dejando en un limbo jurídico a las personas con discapacidad”, explicó De Gouveia.

El pasado mes de octubre, Consorven presentó un informe, correspondiente al año 2021, en el que afirmó que el 42,3% de las personas con discapacidad en el país nunca han trabajado por razones asociadas a su discapacidad, lo que calificó como una exclusión laboral.

Con información de EFE

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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