La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la pena máxima para 12 de los 17 detenidos por el magnicidio frustrado perpetrado el 4 de agosto de 2018 contra Nicolás Maduro. El mandatario se encontraba en un acto militar celebrado en la avenida Bolívar de Caracas.

La Sala desestimó nueve recursos que buscaban anular las condenas impuestas, recibidos el pasado 23 de agosto, por abogados de los 17 condenados por magnicidio. 13 de los detenidos son civiles y cuatro militares. Los mismos están señalados homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, entre otros delitos.

Entre las denuncias presentadas por los abogados se encuentra que, el tribunal de juicio presuntamente se negó a darle curso a una nueva prueba. La misma supuestamente favorecía al general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Alejandro Pérez Gámez, acusado de haber informado sobre el lugar del acto donde estaría Maduro.

La Sala Penal  también desestimó la denuncia y los magistrados ratificaron las condenas impuestas, según se lee en la sentencia 682 redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.

¿Quiénes son los acusados por el caso de magnicidio?

Entre los 17 procesados por el magnicidio en grado de frustración, 12 fueron condenados a 30 años de prisión. Entre ellos tres militares: el general Alejandro Pérez Gámez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). También  el coronel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández; y Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento mayor de primera en situación de retiro (GNB).

Los pilotos de los dos drones activados frente a la tarima donde se encontraba Maduro, Bryan de Jesús Oropeza Ruiz, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Alberto José Bracho Rosques, recibieron condena de 30 años de cárcel. Al igual que Yanín Fabiana Pernía Coronel, la mujer acusada de prestarles logística para esa acción.

DE igual manera, esta sentenciado Yolmer José Escalona Torrealba, el supuesto explosivista que recibió los drones en Barquisimeto (Lara) para su preparación con C-4. Así como Emirlendris Carolina Benítez Rosales, una empresaria catalogada como presunta colaboradora en el atentado fallido.

Más detenidos

Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, presunto miembro de la denominada Resistencia Activa; Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, identificado como cabecilla de la operación; y José Miguel Estrada González, quien se enroló desde la cárcel en los planes, completan la lista de los sentenciados a pena máxima.

Al general Héctor Armando Hernández Da Costa, lo sentenciaron a 16 años de prisión por el delito de conspiración. Mientras que Ángela Lizbeth Expósito Carrillo recibió 24 años por presuntamente alojar en su vivienda al cabecilla de la operación. José Eloy Rivas Díaz  recibió condena de 20 años de prisión por financiamiento al terrorismo y el exdiputado Juan Requesens recibió 8 años de prisión por el delito de conspiración.

El juicio contra los acusados transcurrió entre el 2 de diciembre 2019 al 2 de agosto 2022 cuando el Tribunal Nacional Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo emitió condenas entre 5 y 30 años de prisión. Dichas condenas fueron ratificadas el 21 de marzo pasado por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones Antiterrorista.

Con información de:  El Nacional

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