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Internacional

Trabajadores de Torre Eiffel amenazan con huelga por largas colas de espera

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Los trabajadores de la Torre Eiffel amenazan con una huelga para este 01 de agosto; en protesta contra la nueva organización para ingresar al emblemático monumento; quienes afirman que está ocasionando grandes colas de espera, informó el sindicato.

Desde el mes de julio, el la mitad de las entradas para subir a la Torre Eiffel son vendidas diariamente por internet, donde los turistas pueden reservar su horario de visita y evitar así las largas filas de espera. Antes de julio, sólo el 20% de los boletos podían ser reservados en línea.

Pero la administración del monumento también decidió reservar ascensores específicos para cada tipo de boleto, una decisión que crea filas que a veces son monstruosas, señaló la CGT en un comunicado.

Durante las horas de la tarde y noche, la actividad de visitas es menor, el ascensor funciona medio vacío; mientras los visitantes con boletos adquiridos por taquillas deben esperar hasta tres horas.

Al contrario, en los horarios de alta demanda para los boletos prereservados, los turistas se ven a menudo obligados a esperar mucho más allá de la hora de su visita programada.

Según  Denis Vavassori, empleado de la Torre, el problema podría resolverse si los visitantes tienen acceso a todos los ascensores, sin importar el tipo de entrada.

La Torre Eiffel, es el lugar más visitado en París. El año pasado recibió a más de 6 millones personas. .

No sería la primera vez que la llamada “Dama de Hierro” cierra sus puertas a los turistas. Estuvo cerrada durante varios días en abril por una huelga de personal.

ACN/AFP

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Internacional

EEUU acusa a venezolanos, españoles y costarricenses de violar ley de sanciones a PDVSA

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EEUU acusa a 10 personas violar ley de sanciones a PDVSA - Agencia Carabobeña de Noticias
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EEUU acusa a 10 personas violar ley de sanciones a PDVSA, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses, mediante la exportación de piezas de aviones. Informó la Fiscalía estadounidense.

Los diez están acusados de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés). Por lo que enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.

Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones. En violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, según la acusación.

Las piezas incluían motores Honeywell Turbofan, de Estados Unidos, para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en Venezuela. Detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Uno de los acusados, George Clemente Semerene Quintero, de 60 años, fue arrestado el viernes pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.

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EEUU acusa a 10 personas de violar ley de sanciones a PDVSA

Los acusados ocultaron a empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA exportándolos a terceros en otros países, según la Fiscalía.

Entre las empresas figuran la costarricense Novax y la española Aerofalcon.

Los acusados vinculados a PDVSA son el coronel del Ejército venezolano Gilberto Ramón Araujo Prieto, de 54 años, gerente de transporte aéreo de la estatal petrolera; Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52, ambos gerentes de transporte aéreo y analistas logísticos responsables de adquisiciones, y Semerene, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento.

Otros acusados son Luis Alberto Duque Carvajal, de 63 años, de Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39, director de operaciones, Mikhail Largin, de 60, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, fr 58, empleado ubicado en Venezuela.

De Aerofalcon fueron acusados su propietario, Juan Carlos González Pérez, de 60 años,y Juan David Guerra Viera, de 54, director de la empresa.

Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de 5 y 10 años de prisión, respectivamente.

ACN/MAS/EFE

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