Internacional
Revés de «enfermera» de Chávez en juicio por lavado de dinero en EEUU
Revés de «enfermera» de Chávez en juicio por lavado de dinero en EEUU, tras la negación de un juez este martes 12 de julio de una moción de la ex tesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén.
La conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez, con la que buscaba desestimar los tres cargos de lavado de dinero de los que es acusada en una corte de EE.UU. basada en la «extraterritorialidad»; fue rechazada.
En una audiencia de 15 minutos celebrada en Fort Lauderdale (Florida), ciudad ubicada unos 46 kilómetros al norte de Miami; el juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la venezolana.
«Se niega la moción con perjuicio de que se renueve»; fue la respuesta de la corte de Florida al pedido de la abogada Marissel Descalzo.
Revés de «enfermera» de Chávez
De esta forma, el juez dio la razón a la Fiscalía estadounidense; que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero.
La «enfermera» de Hugo Chávez, que se encuentra arrestada desde mayo pasado en una prisión de West Palm Beach, en el sur de Florida; enfrentará un juicio el próximo 17 de octubre.
Argumento de la defensa
La abogada había argumentado que el Gobierno estadounidense «carece de jurisdicción extraterritorial».
La defensa de la venezolana argumentó que las leyes «tienen únicamente aplicación interna»; basada en un principio que «se deriva del riesgo de ‘choques no deseados entre nuestras leyes y las de otras naciones que podrían resultar en discordia internacional'».
Claudia Patricia Díaz Guillén, que tiene también la ciudadanía española; está acusada de un cargo por «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y dos por «blanqueo de capitales».
En la misma causa de la «enfermera», extraditada desde España a EE.UU. el pasado 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario; dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
En un documento presentado a la corte en el último mes, la defensa de Díaz Guillén señaló además que Gorrín «dejó claro» en unos tuits que las transferencias de dinero no la involucran a ella; ni a su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.
Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos ex tesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño; para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
Tampoco «transmitieron, transportaron o transfieron algú documento»
La defensa detalló que ni Díaz ni Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita»; dice.
La pareja fue muy cercana a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer; el pasado 24 de mayo, la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach.
Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén; tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga. El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la Corte Federal de Fort Lauderdale.
Díaz Guillén y su esposo son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional; cargo que ejerció de 2011 a 2013, y él fue su jefe de seguridad.
Aparentemente sus relaciones con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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