Internacional
Gustavo Petro es citado para declarar como testigo por caso de corrupción

La Corte Suprema de Justicia citó a declarar como testigos al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a otro alto funcionario por un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que involucra a los jefes del Senado y la Cámara de Representantes.
El alto tribunal «determinó declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco», como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal).
«La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada», señaló la Corte Suprema en un comunicado.
Gustavo Petro es citado por caso de corrupción
Igualmente «ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional», de las cuales la primera se hundió en su trámite legislativo y la segunda se convirtió ley.
El llamado al mandatario ocurre luego de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López asegurara ante la Corte que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dineros del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.
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En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada el martes por Noticias Caracol, López aseguró: «Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte».
«El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (…) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)», añadió López.
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.
En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la «entrega de contratos» para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.
Con información de ACN / el nacional
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Internacional
Aprobado en EE.UU. programa para localizar migrantes con antecedentes penales

El Estado de Luisiana (EEUU) anunció la implementación de la operación GEAUX, un programa destinado a localizar migrantes con antecedentes penales.
La iniciativa, liderada por el gobernador Jeff Landry, se desarrolla en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el gobierno federal encabezado por el presidente de EEUU, Donald Trump.
Según Landry, el objetivo es reforzar la seguridad en el estado mediante la identificación y posible deportación de personas indocumentadas que hayan cometido delitos.
La orden ejecutiva firmada este jueves, 15 de mayo, otorga a las autoridades locales facultades similares a las del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En concreto, se les permitirá investigar el estatus migratorio de individuos y proceder con detenciones en caso de antecedentes penales.
Persona que participe en actividades delictivas será deportada
Landry calificó la operación como la más grande en la historia del estado, asegurando que cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Luisiana y participe en actividades delictivas será deportada o encarcelada.
La medida ha generado un intenso debate en la comunidad y entre los defensores de los derechos de los migrantes. Mientras algunos sectores apoyan la iniciativa como un esfuerzo por mejorar la seguridad, otros la critican por su posible impacto en familias migrantes y por el riesgo de discriminación racial.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de perfiles raciales en las investigaciones y detenciones.
GEAUX amplía el alcance de medidas
El programa también plantea interrogantes sobre la legalidad de otorgar a las fuerzas policiales locales competencias migratorias. En otros estados, como Illinois, ya existen leyes que permiten la deportación de personas con antecedentes penales. Pero, la operación GEAUX, amplía el alcance de estas medidas al permitir que la policía investigue activamente el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa.
A medida que la operación GEAUX entra en vigor, se espera que continúe el debate sobre su impacto en la comunidad migrante. También sobre la seguridad del estado.
La administración de Donald Trump ha respaldado la iniciativa como parte de su estrategia para reforzar el control migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, los efectos a largo plazo de esta política aún están por verse, y su implementación podría enfrentar desafíos legales y sociales en los próximos meses.
Con información de: CD
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