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Freddy Bernal confiesa complejidad para controlar la frontera

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Freddy Bernal, nombrado por el gobierno nacional como protector del Táchira; manifiesta que unas 31.400 personas han pasado por confinamiento y 7.560 están situadas en los puntos de atención social integral (Pasi); en el estado cumpliendo con el aislamiento social; sin embargo confiesa la complejidad para controlar la frontera.

Complejidad para controlar la frontera

A través de una entrevista por Unión Radio, Bernal valora el trabajo logístico que se hace en los llamados Pasi y confiesa complejidad para controlar la frontera. «Es una operación complejísima. No son hoteles donde los estamos esperando; son instalaciones que en pocas horas las adecuamos con baños, agua potable, colchones, cocinas»; para ubicar a quienes entran en confinamiento.

Asimismo, comenta que aún cuando han hecho observaciones; los miembros de Naciones Unidas que han ido a la zona se encuentran satisfechos; “por el grado de organización y hemos podido darle calidad de vida en esos 15 días”; en los puntos de atención social integral.

A pesar de que las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia son hostiles; dijo que se ha hecho un gran esfuerzo y han coordinado con Migración Colombia; para quien desee ingresar lo realice con los protocolos establecidos.

Casos de coronavirus inducidos desde Colombia

Del mismo modo, Bernal señala de hostil al gobierno de Iván Duque; y no descarta que algunos casos importados de Colombia hayan sido inducidos; «porque es fácil inducir el virus».

Afirma que a pesar de que algunos venezolanos puedan estar contagiados son recibidos y puestos en cuarentena.

El viernes pasado informa; que todo aquel que burle los controles epidemiológicos será aislado por 14 días y su casa será marcada con un aviso de confinamiento.

“Hay una mafia en el Norte de Santander que pasa retornados a Venezuela por pasos irregulares. A estas personas se les aplicará la ley. He dado a los organismos la instrucción de capturar estas personas que hacen trata de blancas al mejor estilo de los coyotes en Estados Unidos”; comenta.

ACN/Noticiero Digital

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Nacional

PROVEA se pronuncia tras declaraciones del fiscal sobre detención de Eduardo Torres

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PROVEA fiscal Eduardo Torres
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Después de más de 96 horas sin información, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció el 13 de mayo que el defensor de derechos humanos Eduardo Torres se encuentra detenido bajo custodia del Estado venezolano.

Sin embargo, el Ministerio Público no ofreció detalles sobre la fecha, hora, lugar ni el cuerpo de seguridad que ejecutó la detención, ni informó sobre una orden de aprehensión o el sitio donde permanece recluido.

Denuncias de desaparición forzada

El reconocimiento oficial de la detención se produjo vía Instagram, luego de días de denuncias por parte de su familia, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Torres tuvo su última comunicación con sus familiares el 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que se dirigía a su casa, pero desde entonces su paradero fue desconocido.

Su esposa, Emiselys Núñez, junto con miembros de PROVEA, recorrió centros de detención en Caracas (DGCIM, SEBIN y PNB), donde las autoridades negaron que estuviera recluido, aumentando la incertidumbre.

La falta de información oficial ha sido cuestionada, pues si su detención ya era conocida por el Estado, ¿por qué no se permitió su comunicación con familiares y abogados?, se pregunta la ONG PROVEA sobre las declaraciones del fiscal sobre Eduardo Torres.

Según organismos de derechos humanos, esta omisión prolongada podría considerarse una desaparición forzada, violando los artículos 44 y 45 de la Constitución.

Irregularidades en el debido proceso

El fiscal aseguró que Torres «fue presentado conforme a los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa», aunque su esposa y miembros de PROVEA esperaron por más de 7 horas el 11 de mayo para su presentación en tribunales, sin éxito.

Además, se denunció que el hábeas corpus solicitado por Núñez no fue recibido, argumentando la falta de una «autorización superior».

La prolongada falta de información sobre su estado y lugar de reclusión sigue representando un riesgo para su integridad física y mental, por lo que familiares y organizaciones mantienen su exigencia de una respuesta clara y garantías de sus derechos.

 

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