Una estrategia para consolidarse y mantener en el poder nació en el régimen de Cuba. La extorsión, que no es otra cosa que ejercer presión bajo intimidación para obtener un beneficio. Este método lo aplican en La Habana, Nicaragua, Bolivia, y Venezuela.

Se trata de un crimen organizado transnacional que corrobora el talente dictatorial en esos países. La extorsión forma parte de la planificación castrochavista del siglo XXI para garantizar el control social. Se explica en un trabajo publicado en Infobae.

Esta manera de actuar para lograr sus objetivos es una acción ilícita pues comprende la «intimidación o amenaza grave que constriñe a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio».

El trabajo se respalda en el accionar del marco jurídico de estos regímenes argumentados en «seudo constituciones». Es la legalización de la extorsión por medio de normas e instituciones que aplican la opresión amparándose en sus «leyes infames». Que tiene como fin neutralizar a los adversarios políticos.

La extorsión de Cuba expandida a Venezuela

Esto sucede ante la ausencia de Estado de derecho y la inexistente autonomía de poderes. Ambas condiciones permiten abonar el terreno de la extorsión, como método y medio de control.

Las consecuencias para quienes no se someten a este sistema son diversas: persecución,  aprehensiones, desprestigio mediático; además de la confiscación de bienes, que trae consigo, en algunos casos, el exilio y para quienes se quedan tras las rejas la tortura.

La violación de la inmunidad parlamentaria es una de las pruebas de la aplicación de constituciones castrochavistas. Gilber Caro, diputado de la Asamblea Nacional, es un ejemplo en Venezuela, además de exministros de Bolivia, y opositores en Nicaragua.

Los jueces, fiscales no están exentos. En Venezuela está el caso de la Juez María Lourdes Afiuni, los abogados encarcelados en Bolivia; el asesinato del Fiscal Alberto Nisman en la Argentina de Kirchner, entre muchos más. Es decir, una dictadura castrochavista que ejerce su control que va más allá de sistema de justicia. Está incluida la salud, la educación y el empleo.

ACN/Infobae

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