Internacional
Expresidenta argentina Cristina Fernández irá a juicio por presunto lavado de dinero

La expresidenta argentina Cristina Fernández irá a juicio y sufrió un nuevo revés en la justicia con la decisión de la Corte Suprema de que enfrente juicio oral en un caso por lavado de dinero y asociación ilícita.
El máximo tribunal de Argentina rechazó los recursos presentados por la defensa de la expresidenta. Al confirmar la decisión de una instancia judicial anterior. En ese momento determinó que Fernández de Kirchner sea enjuiciada por una causa que investiga los negocios de empresas de la familia Kirchner con el Estado.
En ese expediente judicial, también están procesados por delitos similares su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Y otra veintena de personas, entre ellos, varios empresarios.
Con la decisión unánime de los cuatro integrantes del Supremo, la expresidenta será juzgada por el presunto delito de lavado de activos consumado. A través de empresas familiares pertenecientes a la familia Kirchner a cambio de contratos relacionados con el Estado.
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Cristina Fernández irá a juicio
Cristina Fernández irá a juicio. Según la acusación, los hechos se dieron durante los gobiernos de Fernández de Kirchner (2007-2015) y de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
Se trata del segundo revés judicial en tan solo dos semanas para la exmandataria, quien enfrenta otras investigaciones judiciales. Condenada en 2022 a seis años de cárcel por administración fraudulenta durante su mandato, una sentencia que ha apelado y todavía espera la resolución de la Corte Suprema.
A inicios del mes, el máximo tribunal argentino igualmente determinó que Fernández de Kirchner deberá afrontar un juicio oral por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán en 2013. Impulsado supuestamente para esclarecer el atentado contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994 pero que, según la justicia argentina, en realidad apuntaba a liberar de culpas a Teherán.
Defensa no pudo demostrar agravio actual
Al igual que en el caso conocido como Pacto con Irán, los magistrados dictaminaron el lunes que la expresidenta no está ante una “sentencia definitiva”. Por lo que rechazaron el recurso extraordinario presentado por su defensa para evitar un nuevo juicio.
“La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal”, indica la decisión publicada por el tribunal.
La denuncia contra la exmandataria, dos de sus hijos y varios empresarios elevada a juicio oral en 2018, pero en 2021 un tribunal sobreseyó a todos los acusados. No obstante, a finales del año pasado la decisión la recovaron por la Cámara de Casación, que ordenó llevar adelante el juicio con la excepción de Florencia Kirchner, hija de la dirigente peronista y sobre quien se confirmó el sobreseimiento.
Investigación desde gobierno de Macri
La investigación a Fernández de Kirchner se originó durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019). Cuando el fiscal Guillermo Marijuán imputó a la entonces exmandataria a partir de la declaración como arrepentido de un financista que la involucró en supuestas maniobras de lavado de dinero.
El mismo fiscal indicó posteriormente que no consiguió pruebas que sustentaran la acusación y que los centenares de contactos entre Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, empresario allegado a la exmandataria, condenado a 10 años de prisión por lavado de activos, no eran suficientes para determinar que la exvicepresidenta hubiera estado involucrada en una operación de blanqueo de capitales encabezada por el empresario.
A los 71 años, Fernández de Kirchner acaba de asumir la presidencia del peronista Partido Justicialista. La principal fuerza opositora al gobierno del utraderechista Javier Milei. Se prevé que aspire a un escaño en el Congreso en las elecciones de 2025. Cuando se elegirán senadores y diputados nacionales.
Sin embargo, si la condena por administración fraudulenta es ratificada por la Corte Suprema, quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
ACN/MAS/AP
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Internacional
La Casa Blanca criticó a jueza que falló a favor del parole y apelará la decisión (+Video)

La Casa Blanca criticó este martes a la jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revocar el programa migratorio que da un estatus legal a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como ‘parole humanitario’, y adelantó que apelará la decisión.
La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, señaló en una rueda de prensa directamente a la jueza Indira Talwani, de Massachussetts, calificándola de «rebelde».
«Otra jueza de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno», indicó la portavoz, que aseguró que «lucharemos en contra en los tribunales».
Además de su campaña para deportar a los más de once millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump ha decidido también arrebatar el estatus legal a decenas de miles de personas que llegaron al país bajo programas de migración legal promovidos por el expresidente Joe Biden (2021-2025).
Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril
A través del ‘parole humantario’, las personas en Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podían solicitar desde sus países un permiso para viajar a EE.UU. y obtener un permiso de trabajo.
Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril, abriendo la puerta a la deportación de sus beneficiarios. Pero la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama, dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento del ‘parole’, que se otorgó por un periodo de dos años.
Los beneficios del parole humanitario
El Gobierno de Biden instauró este programa en 2022 para venezolanos y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos. En un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el ‘parole’. Lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.
Con información de ACN/EC/AV
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