Nacional
CNP alerta que ley contra el fascismo afectará derechos esenciales
El Colegio Nacional de Periodistas, CNP alerta sobre ley contra el fascismo, que su futura aprobación del por parte de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, afectará “derechos esenciales” como “la libertad de expresión”. Por lo que pidió a sus agremiados rechazar dicho texto legislativo.
“El anteproyecto de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares (…) es un intento de alinear a la sociedad en general y, de manera muy particular, a los periodistas y medios de comunicación, a un pensamiento único, lo que contraviene la esencia misma de la Constitución y nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo”. Señaló el gremio en un comunicado.
El pasado 2 de abril, el Gobierno presentó ante la AN, el ‘proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares’. El mismo elaborado por orden del presidente Nicolás Maduro.
El documento, presentado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, incluye cuatro capítulos y 30 artículos, establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”. Dice el texto del anteproyecto.
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CNP alerta sobre ley contra el fascismo
El CNP indicó que esta propuesta de ley contiene una “serie de imprecisiones conceptuales” sobre lo que se considera una expresión fascista, al “equiparar una variedad de ideas deleznables como el supremacismo racial a otras como el conservadurismo moral. Sobre todo, cuando se deja a la libre interpretación qué significa esto”. Agrega el escrito.
El artículo 4 de esta propuesta de ley establece que los rasgos característicos del fascismo son “el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad”. Indica.
“Más que preocupación, genera temor la propuesta en este anteproyecto de la conformación de una alta comisión, designada discrecionalmente por el Ejecutivo, que será la encargada de determinar qué expresión, opinión, organización o persona encuadra dentro de la categoría fascista o neofascista”, añadió.
El Colegio Nacional de Periodistas se pronuncia en contra del anteproyecto de la Ley Antifascista y llama a sus agremiados a explicarles a los venezolanos las consecuencias negativas que tendría si se aprueba. #InformarNoEsDelito pic.twitter.com/8oVrDhD7nB
— cnpven (@cnpven) April 11, 2024
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)
El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.
“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.
En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.
González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.
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El Informe Anual de Provea
Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).
Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.
“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.
Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.
ACN/MAS/EFE
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