Internacional
Oenegés piden a Corte Suprema de El Salvador que declare «inconstitucional» reclusión de venezolanos
Piden declarar inconstitucional reclusión de venezolanos en El Salvador un colectivo de organizaciones sociales este viernes a la Corte Suprema del país centroamericano.
El 16 de marzo Estados Unidos expulsó a 238 venezolanos a los que acusó sin pruebas de integrar la banda criminal Tren de Aragua. Así como a 23 supuestos pandilleros salvadoreños, todos presos en la megacárcel.
Otro grupo de 17 deportados llegó el lunes al país. Los deportados están presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad construida por el presidente de ese país, Nayib Bukele como parte de su «guerra» contra las pandillas.
La «demanda de inconstitucionalidad es en torno a los actos llevados a cabo por el Órgano Ejecutivo referente a la recepción y el traslado a prisión de ciudadanos venezolanos provenientes de Estados Unidos», declaró a la prensa la activista Marisela Ramírez.
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Piden declarar inconstitucional reclusión de venezolanos en El Salvador
Además de «graves violaciones» a los derechos de estos venezolanos, «no se han constituido los mecanismos legales» pues el gobierno no ha sometido el asunto a ratificación de la Asamblea Legislativa, afirmó Ramírez.
La petición fue interpuesta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema por dirigentes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que aglutina a varias organizaciones.
Ramírez afirmó que el gobierno de Bukele «está violando flagrantemente los derechos fundamentales de las personas», porque «no han sido juzgadas» en este país.
Bufete de abogados venezolanos
En paralelo, un bufete de abogados contratado por el gobierno de Venezuela ha hecho gestiones judiciales para conseguir la liberación de sus ciudadanos.
Este bufete también solicitó el lunes a la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que verifique su estado de salud.
El tema de los expulsados también ha generado controversias en Estados Unidos, donde este viernes una jueza federal ordenó al gobierno de Trump que proceda al retorno del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego, deportado por error.
La Casa Blanca reconoció esta semana que su expulsión fue un «error administrativo», pero lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, declarada por Washington organización terrorista global.
ACN/MAS/AFP
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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