Internacional
Fiscalía argentina avala el decomiso del avión iraní-venezolano
La fiscal federal de Lomas de Zamora (Argentina), Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (Digcri), Diego Solernó, avalaron el decomiso del avión iraní-venezolano, realizado por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los Estados Unidos.
Tras esta decisión solo falta el fallo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para completar el proceso.
El gobierno de Javier Milei envió el pedido de la Justicia de Estados Unidos, que fue bloqueado durante meses por Juan Martín Mena, exviceministro de Justicia y vinculado a Cristina Kirchner debido a su relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, reseñó Clarín.
La aeronave está actualmente retenida como parte de una investigación llevada a cabo por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
Ante esta situación el Canciller de la República Venezuela, Yvan Gil se pronunció la tarde de este sábado 30 de diciembre para rechazar la postura de la fiscalía argentina.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, la decisión de la Fiscal Federal Argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI), Diego Solernó, en torno al secuestro de la aeronave de EMTRASUR, ilegalmente retenida”, escribió en su cuenta de Twitter.
Decomiso del avión iraní-venezolano
En octubre de 2022 y mayo de 2023, la justicia estadounidense solicitó asistencia jurídica internacional para proceder al decomiso del avión «Boeing 747-300 con número de matrícula YV-353», el cual habría violado normas estadounidenses.
Estas solicitudes las remitió el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Argentina y Estados Unidos.
De igual manera en su dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicaron que el pedido de asistencia jurídica cumple con los requisitos legales de admisibilidad del tratado mencionado y que no existen causas para denegar el pedido. Subrayaron que este proceso de cooperación internacional no permite cuestionamientos sobre el fondo del asunto, los cuales deben presentarse ante la autoridad judicial competente en el país requirente.
Así mismo los pedidos de asistencia los presentaron junto con una orden de decomiso final del Boeing emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, detallando la normativa estadounidense infringida. El MPF considera imperativo cumplir con el compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el tratado, evitando así la posible responsabilidad internacional de la República Argentina por incumplimiento de deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia penal.
Con información de Versión Final
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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