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Más de 200 trabajadores renunciaron en Ford Motor

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La  paralización de la industria automotriz ha llevado a muchos trabajadores aceptar la mal llamada cajita feliz. En  la ensambladora Ford Motor de Venezuela, en lo que va del año 260 personas renunciaron.

La planta   no produce desde noviembre de 2017, pese a que estaba aplicando el convenio que le permitía vender las unidades en dólares.

La ensambladora tenía en su nómina 1.300 personas de esta cifra cerca de  130 profesionales se fueron del país .

Jonathan Lugo , secretario de Finanzas del sindicato  dijo que la  situación es compleja al referir que en 2017 solo produjeron 403 vehículos  en todo el año, aunque la planta tiene una capacidad  para sacar al mercado cerca de 35.000.

Esto significa que esta firma ha tenido una caída en su manufactura  de más del  98%.

Reveló que en noviembre de 2017  la gerencia en Venezuela manifestó la posibilidad de fabricar algún tipo de unidades como camiones 350 y camionetas modelo explorer,  pero hasta  la fecha no hay cronograma de producción.

El dirigente dijo que  a pesar de los acercamientos de los sindicatos con el gobernador Rafael Lacava, aún no hay una respuesta a ninguno de sus planteamiento  y tampoco se ha concretado sus promesas  electorales de rescatar la industria automotriz de la entidad.

«Nosotros tenemos la capacidad de producir  autobuses en Carabobo, y el mandatario regional anuncia que los  importará. Si esto se concreta se acabará con la mano de obra nacional».

Cabe destacar que para  la industria automotriz venezolana, el 2017  fue uno de los peores años, el  descenso en la producción fue de  99%. Cifra que fue anunciada por representantes de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Autopartes (Favenpa).

Miembro de este sector aseguraron que la situación del sector se debe a la falta de divisas para la importación de las materias primas, lo cual afectó  determinante la producción.

MCO/ACN

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Economía

Expertos analizan el impacto de la morosidad en los condominios

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morosidad en los condominios
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El aumento de la inflación y la morosidad en los condominios venezolanos ha generado preocupación. Según el diagnóstico presentado por Elías Santana, el 51% de los condominios están en alerta amarilla y el 7% podría colapsar este año.

Santana enfatizó la importancia de la transparencia en la administración de los condominios y recomendó analizar cada caso de morosidad de manera individual.

Por su parte, María Alejandra Parra destacó la necesidad de que los deudores busquen acuerdos de pago y recordó que la Ley de Propiedad Horizontal permite una participación amplia en la gestión condominial.

Ante la crisis, los especialistas han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la creación de tribunales especializados en convivencia y morosidad, así como la implementación de un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria.

Sobre la responsabilidad que tienen los copropietarios con el pago del condominio, Parra puntualizó: «Aquí tenemos que tener una conciencia colectiva, un compromiso; si yo dejo de pagar la planilla de gastos comunes –los recibos del condominio- de manera directa está afectando mi calidad de vida».

Por lo tanto, es indispensable que las personas busquen una solución desde el punto de vista humano antes de tener que llegar a la cobranza extrajudicial o irse a la vía judicial con una demanda que traería como consecuencia que el inmueble deba ser rematado si el deudor no se pone a derecho.

Ante los gastos que acarrearían estas cobranzas, los entrevistadosles sugirieron a las juntas de condominio hacer estimaciones y tomar las debidas previsiones presupuestarias.

Explicaron además el rol que tienen ahora los Jueces de Paz y lo que esperan en materia legal.

«Lo que le pedimos al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) es tribunales especializados en convivencia y morosidad, y juicios muy celeros y rotundos», afirmó Santana.

Para concluir, el especialista en condominios recalcó la necesidad de reforzar la educación ciudadana y que se apliquen las sanciones correspondientes.

«Necesitamos un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria: que es poner de acuerdo a las fiscalías municipales, a la defensoría, a las alcaldías, las gobernaciones y ahora a los 30 000 Jueces de Paz, y que a toda taquilla que tú vayas a plantear un tema de convivencia comunitaria, la respuesta sea la misma (…); eso se lo pedimos al Ejecutivo Nacional, así como le pedimos a la banca, algo que
tú has planteado muchas veces, crédito para los condominios (…); necesitamos que el sector privado reaccione positivamente y ofrezca créditos para los condominios».

 

Con información de nota de prensa

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