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Política

TSJ en el exilio acordó audiencia preliminar contra Maduro

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Juicio a Maduro
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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio acordó una audiencia preliminar en contra el presidente Nicolás Maduro.

La audiencia contra Maduro fue convocada para el día 19 de julio a las 10:00 de la mañana; tras la acusación presentada por la exfiscal Luisa Ortega Díaz el pasado 28 de junio.

El TSJ en el exilio declaró este miércoles la falta absoluta en la presidencia de la República. El organismo indicó que el actual vacío de poder debe ser llenado conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Las decisiones del TSJ en el exilio, tomada en Sala Plena; ocurrieron luego de que Luisa Ortega, solicitara el inicio de un antejuicio de mérito contra el presidente de Venezuela.

La ONU también en contra

No solo el TSJ esta contra Maduro; 53 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron una denuncia contra el gobierno de Venezuela por las violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el país. Luego de que la mayoría firmará el acuerdo se abrió una investigación más profunda.

Uruguay, Ecuador o Costa Rica se abstuvieron de firmar el documento.

En todo el mundo, existen países y organizaciones que ha realizado sanciones contra el gobierno de Maduro, debido a corrupciones que han sido vinculadas con funcionarios venezolanos; y por violaciones de los Derechos Humanos dentro del país. Todos estos buscan y esperan que Venezuela retome su democracia; y pueda salir de la crisis política, económica y social que atraviesa ya desde varios años atrás.

ACN

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Política

Rocío San Miguel cumple un año presa

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La activista de derechos humanos Rocío San Miguel, procesada por supuesta conspiración, cumple un año presa sin acceso a sus derechos.

 

San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024, junto a su hija, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a viajar.

Desde entonces, la justicia penal no ha cumplido ninguno de los plazos legales del proceso.

En una nota de Diario Las Américas, detallan el caso e informaron que el tribunal tercero de Terrorismo fijó para el próximo martes, un año después, el inicio de la audiencia de juicio oral que debía celebrarse de 10 a 20 días después de la audiencia preliminar, la cual también tardó meses en realizarse, en lugar de los 15 días legales.

El proceso, que debía durar en total tres o cuatro meses, lleva un año y aún no ha comenzado el juicio.

 

El equipo de abogados que la asiste, y al que se le ha negado su juramentación, espera que en esta ocasión no surja ningún obstáculo que impida la celebración del juicio para que San Miguel pueda designar su defensa técnica.

 

«Se reitera que San Miguel requiere urgentemente una medida cautelar por razones humanitarias», escribió el medio Diario Las Américas en su nota.

 

«De verdad, ella necesita atención y en el Sebin no están en capacidad de resolver el problema», dijo uno de los abogados, recordando que la defensora de derechos humanos se fracturó el hombro derecho hace más de cinco meses en el sitio de reclusión y no ha recibido la debida atención médica.

 

«El pronóstico de esa fractura es quirúrgico, y eso demanda unos cuidados postoperatorios y una rehabilitación larga. Si allí no pudieron diagnosticar una fractura en cuatro meses, ¿qué garantía tenemos de que esté bien atendida en el acto quirúrgico y después? San Miguel la está pasando mal porque la fractura consolidada le duele todos los días».

 

San Miguel, quien dirigía la ONG Control Ciudadano relacionada con el tema militar, está procesada por traición a la patria y terrorismo, entre otros graves delitos, como parte de la supuesta conspiración denominada «Brazalete Blanco», denunciada en diciembre de 2023.

 

Por el caso se dictaron más de 20 privativas de libertad a militares, abogados políticos y periodistas en enero del año siguiente.

El nombre de San Miguel, entonces, no apareció, recordó el medio de comunicación.

Rocío San Miguel cumple un año presa sin defensa

 

 

«La defensa sigue a cargo de una defensora pública de presos que, a un año de la detención, no ha tenido por primera vez una entrevista personal ni privada con su cliente San Miguel, nunca se ha reunido con ella para explicarle las razones de su detención ni que ella aporte un elemento que permita defenderla. Nada».

 

Tampoco tiene defensa privada Alejandro González, expareja de San Miguel, quien fue detenido días después y procesado por otros cargos.

 

En todo este tiempo, la defensora y el resto de los procesados no han sido llevados al tribunal.

Las audiencias se han realizado vía telemática, un mecanismo que la ley establece solo para testigos que no pueden acercarse a la sede judicial.

 

«Hemos tratado de hacer todo lo que toca a nivel interno y a nivel internacional para denunciar irregularidades, incluyendo que no le permitieron votar en las elecciones (…) esperamos un pronunciamiento de la CIDH», aseguró el abogado.

Link de la nota original

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