Nacional
Judith León propone salarizar el bono de guerra para recuperar el poder adquisitivo
Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas e integrante de la Red Sindical, reiteró la necesidad de convertir el «bono de guerra» en salario como primer paso para iniciar la recuperación salarial de los trabajadores del sector público.
En una entrevista con Contrapunto, León calificó como «caóticos» los tres años sin aumento del salario mínimo, lo que ha afectado gravemente la capacidad adquisitiva de los empleados.
Impacto de la crisis salarial en los trabajadores públicos
León destacó que los trabajadores no han podido cubrir necesidades básicas como alimentación y educación, señalando que los servicios públicos, como la educación gratuita, ya no funcionan de manera eficiente.
Según la Constitución, recordó, los ciudadanos tienen derecho a un salario que garantice el desarrollo personal y familiar, algo que actualmente no se cumple.
Bonos no sustituyen al salario
Aunque los trabajadores reciben bonos del gobierno, León subrayó que estos no son considerados salario según la ley laboral vigente.
Actualmente, el bono de guerra es de 90 dólares y el bono de alimentación de 40 dólares, pero no inciden en beneficios como prestaciones sociales, vacaciones o aguinaldos.
Para León, la primera medida debería ser salarizar el bono de guerra, lo que permitiría mejorar los beneficios contractuales, actualmente mermados debido al salario mínimo de menos de dos dólares.
Ante la falta de soluciones, León enfatizó que la protesta es el único recurso que queda para mejorar las condiciones laborales.
Por ello, confirmó su participación en la manifestación convocada para este miércoles 19 de marzo desde la Plaza del Rectorado de la UCV, en defensa de los derechos de los trabajadores.
Créditos entrevista y fotos: Vanessa Davies para Contrapunto
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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