Internacional
Presidenta de Hong Kong suspendió aprobación de ley controversial
La Presidenta de Hong Kong, Carrie Lam, se vio obligada a realizar una humillante concesión política, después de una semana de protestas masivas en su contra, tras lo cual suspendió la aprobación de la ley de extradición a China.
El anuncio de Lam, representó tal vez la escalada más grave del gobierno ante la presión pública desde que se eliminó una ley de seguridad en el 2003, un momento democrático importante para una ciudad donde la gente es libre de manifestar pero no puede elegir a sus líderes.
Sin embargo, los opositores advirtieron que lo vieron más como un retiro táctico que como una admisión de derrota, destinado a ganar tiempo para intimidar o desmoralizar a los oponentes.
Persecución y brutalidad policial
Ya ha habido informes de arrestos en hospitales, ya que las personas buscaron tratamiento y activistas digitales.
«Se puede decir que fue una victoria parcial, en el sentido de que ha detenido este proyecto de ley en este momento», dijo el legislador opositor Charles Mok.
«No estamos celebrando. Muchos de nosotros todavía no estábamos satisfechos de que ella no lo haya retirado por completo, y de la forma en que habló sobre la brutalidad policial, agregó Mok».
Se unió a otros activistas y críticos, para instar a los residentes a volver a las calles el domingo para mantener la presión sobre el gobierno y el jefe ejecutivo.
Capitulación de Lam
Lam, ha demostrado ser una vara de alivio para los manifestantes, muchos de los cuales demandan su renuncia.
En una conferencia de prensa combativa después de tres días de silencio, Lam repetidamente se describió a sí misma como «desconsolada», y admitió que el proyecto de ley había «causado mucha división» en Hong Kong.
Pero ella insistió en que sus únicos errores fueron de comunicación, defendió la ley como algo vital para la seguridad y prometió relanzar una versión mejorada después de una consulta adicional.
También minimizó el tamaño de las manifestaciones y afirmó repetidamente que el uso de la fuerza por parte de la policía era defensivo.
A principios de la semana, agregó combustible a la ira pública cuando duplicó el apoyo a la ley y criticó a los manifestantes que habían soportado un día de gases lacrimógenos; balas de goma y golpizas policiales, llamándolos «niños mimados».
Su abrupto cambio, según informes, luego de reunirse con uno de los líderes más poderosos de China el viernes; aparentemente tuvo como objetivo evitar un caos mayor el domingo.
«La decisión que tomé no tiene que ver con pacificar a la gente o, como han dicho algunos, restaurar mi reputación dañada»; dijo Lam a los periodistas.
Políticas erróneas en Hong Kong
El aumento de las tensiones fue casi totalmente autoinfligido, después de que Lam intentó imponer el proyecto de ley; que resultó ser enormemente impopular a través de la legislatura.
Este proyecto, pretendía ser aprobado antes de que terminara el verano, dejando poco tiempo para consultas o debates a pesar de sus amplias implicaciones para todos; desde disidentes hasta empresarios.
Si el proyecto de ley de extradición se convertía en ley, habría permitido que los residentes y visitantes fuesen enviados a China para ser juzgados en los opacos tribunales; totalmente controlados por el partido comunista.
Los críticos dicen que, esto habría destruido el «cortafuego» judicial que protege a Hong Kong; socavando fatalmente su economía y su forma de vida.
ANC/TheGuardian.com
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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