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OVP logró medidas cautelares de la CIDH para el abogado Joel García

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó las medidas cautelares solicitadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a favor del abogado Joel Antonio García Hernández, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo de daño irreparable.

El 28 de febrero de 2024, el OVP tramitó ante la CIDH la solicitud de medidas cautelares que finalmente fue otorgada el 13 de mayo de 2024, bajo la Resolución 31/2024.
En la información proporcionada a la Comisión, el equipo del OVP relató lo que ha sido su labor como un defensor de defensores de los derechos humanos durante más de una década, así como eventos ocurridos en el pasado a lo largo de su trabajo de litigio en el país.

El más reciente, acontecido el 7 de febrero de 2024, cuando se encontraba en el Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas, y estando en compañía de los Cónsules General y Adjunto de la República de Chile en Venezuela; en la salida del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Palacio de Justicia en Caracas, donde fue abordado por un sujeto que lo amenazó directamente por las continuas denuncias que publica en sus redes sociales.
Tal situación fue denunciada ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sin recibir oportuna y adecuada respuesta.

Según consta en la Resolución, la CIDH solicitó información al Estado venezolano el 29 de febrero de 2024, pero tampoco hubo respuesta. Para analizar la procedencia de la solicitud, la Comisión consideró los hechos a la luz de los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable.
En tal sentido, refirió el contexto actual de Venezuela, ya que se encuentra incorporada en el Capítulo IV. B del Informe Anual de la CIDH; mientras que en el año 2017, en el Informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, la Comisión “documentó el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y el deterioro de la situación de derechos humanos. (…)”.

En ese mismo informe, valoró que las personas defensoras, que ejercían representación de personas detenidas por razón de su postura política, también eran objeto de múltiples actos de amenazas, hostigamiento y criminalización; situación que se ha mantenido en el tiempo. Además, su rechazo a la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país; medida que fue tomada después de un pronunciamiento de la oficina sobre la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel.

Tal como cita en la resolución, “la decisión del gobierno de Venezuela evidenció su rechazo al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo que es particularmente grave en un país caracterizado por el cierre de todo espacio democrático y la ausencia del Estado de Derecho”. Para la Comisión, los hechos se enmarcan en un contexto hostil hacia las personas defensoras y de la situación particular de las personas que ejercen labores de defensa legal a personas detenidas por razón de su disidencia al actual gobierno de Venezuela; imprimiendo especial seriedad a la situación del abogado, y ubicándolo en una situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, la CIDH solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del abogado Joel Antonio García Hernández, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables, incluidos los actos de riesgo atribuibles a terceros; que implemente las medidas necesarias para que el beneficiario pueda desarrollar sus labores como abogado defensor sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de estas; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.
«Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones agradecemos el otorgamiento de estas medidas cautelares por parte de la CIDH a favor del abogado Joel García, en vista del peligro, urgencia e irreparabilidad en el presente asunto, considerados a prima facie, ya que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo».
Para el OVP, la CIDH representa una organización para salvar vidas, por lo que mantenemos vivo nuestro compromiso para documentar, denunciar e interponer acciones por violaciones contra derechos humanos ante el sistema interamericano y universal.
«Estaremos haciendo seguimiento del cumplimiento de estas medidas como representantes del beneficiario».

 

 

Con información de nota de prensa

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Política

MAS exige inclusión de todos los sectores en el diálogo político para destrabar la ruta electoral

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El secretario general del MAS, Felipe Mujica, afirmó que el diálogo político en Venezuela debe incluir a todos los sectores para destrabar la ruta electoral y avanzar hacia acuerdos que permitan la participación plena de las organizaciones políticas en los próximos comicios.

Durante una rueda de prensa conjunta con Miguel Parra, representante de Unión y Progreso, y Francisco Pérez, de PUENTE, Mujica exigió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para responder la solicitud de información y regularización de las tarjetas electorales presentada por estas tres organizaciones.

Recordó que el MAS, PUENTE y Unión y Progreso fueron impedidos de participar en la elección presidencial de 2024 con sus propias tarjetas, luego de que el CNE determinara que no estaban habilitadas, sin ofrecer una explicación clara.

Aun así, señaló que mantuvieron su respaldo al voto como mecanismo democrático, llamando a sufragar por otras organizaciones en los procesos posteriores.

Mujica expresó que esperan que el organismo electoral resuelva la situación por la vía administrativa y permita el pleno ejercicio de los derechos políticos de estas organizaciones.

“Este capítulo debe tener un cierre definitivo para que podamos reincorporarnos al sistema de partidos habilitados”, afirmó.

El dirigente también se refirió a la visita al país de Dinorah Figuera, señalando que representa una oportunidad para avanzar hacia una solución política, siempre que cualquier proceso de diálogo sea amplio, incluyente y con participación de todos los sectores nacionales.

Indicó que los sectores vinculados a Figuera, que en procesos anteriores mantuvieron una postura abstencionista, ahora plantean la necesidad de una salida electoral, lo que consideró un elemento favorable para la construcción de consensos.

Mujica insistió en que cualquier iniciativa debe ser construida por los venezolanos y para los venezolanos, aunque valoró el acompañamiento de gobiernos extranjeros que deseen contribuir con estos esfuerzos.

Finalmente, propuso la conformación de un espacio de diálogo plural, con participación de partidos políticos, gobierno, sociedad civil, iglesia y sectores económicos, al recordar que los procesos de negociación más efectivos han sido aquellos donde intervienen diversos actores de la sociedad.

 

 

Con información de nota de prensa

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