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Guyana pidió intervención urgente de Corte Internacional de Justicia para evitar que Venezuela elija un gobernador

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Más de 21.000 migrantes venezolanos están registrados en Guyana - noticiacn
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El gobierno de Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su intervención para evitar que Venezuela elija un gobernador para el Esequibo, territorio sobre el que existe una histórica controversia entre ambos países.

“A fin de preservar sus derechos, Guyana solicita a la Corte que ordene a Venezuela abstenerse de cualquier acto dentro o que afecte su territorio soberano, incluida la región del Esequibo”, precisa un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores guyanés.

El texto anuncia que Guyana informó a la CIJ que las elecciones regionales y legislativas en Venezuela previstas para el 25 de mayo de 2025,. “Inevitablemente estarán precedidas de actos preparatorios, incluidos actos dentro de la región de la Guayana Esequiba, que afectarán a la población guyanesa y la soberanía de Guyana sobre su territorio”.

Guyana pide intervención de CIJ en conflicto con Venezuela

Para Guyana, el plan del gobierno de Venezuela de celebrar elecciones en el “territorio en disputa” viola flagrantemente la orden de la CIJ dictada en 2023,. La misma establece que Venezuela se “abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa”, hasta que exista una decisión final.

Esa orden buscaba impedir que Venezuela celebrara un referendo consultivo sobre el Esequibo que de todos modos se llevó a cabo. Tras la consulta, el Parlamento venezolano de mayoría oficialista aprobó una ley orgánica que conduce a la creación del estado Guayana Esequiba. Pero no ha quedado del todo claro cómo Venezuela podría ejecutar medidas, pues Guyana ejerce control “de facto” sobre el territorio.

La histórica controversia entre Caracas y Georgetown por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en años recientes. Esto luego de que el gobierno guyanés otorgó concesiones petroleras en áreas pendientes de delimitación.

Venezuela defiende acuerdo de Ginebra

Mientras Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 es el único mecanismo válido para dirimir el conflicto sobre la soberanía, Guyana insiste en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña. En  ese entonces mantenía a Guyana como colonia y que el Estado venezolano considera nulo e írrito.

Guyana acudió unilateralmente ante la CIJ que se declaró competente para examinar la disputa y decidir sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, pero Venezuela rechaza su jurisdicción.

Las tensiones escalaron el fin de semana, luego de que el mandatario guyanés, Irfaan Ali, que ha asegurado que Venezuela busca anexar el Esequibo por la fuerza, dijo que unidades de la armada venezolana violaron territorio marítimo que Guyana considera suyo, lo que fue rechazado por Venezuela.

Un comunicado del gobierno de Maduro aseguró que se trata de una “provocación” que responde a intereses de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil que adelanta actividades de explotación petrolera en aguas que, de acuerdo a Venezuela, no forman parte de territorio guyanés y es una zona marítima pendiente de delimitación.

El miércoles, Maduro reiteró que tomará “todas las acciones” para detener lo que calificó de “acción ilegal” de ExxonMobil y Guyana en aguas pendientes de delimitación internacional.

Con información de:  Voz de América

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Internacional

Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y turismo de parto

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Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento - Agencia Carabobeña de Noticias
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El presidente Donald Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y limitar el llamado turismo de parto, tras calificar de “muy desafortunada” una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que este año anuló su intento anterior de restringir ese derecho.

Trump firmó ayer jueves 6 de agosto decretos sobre el tema que, al parecer, endurecen principalmente leyes ya vigentes y restringen las excepciones reconocidas.

Se trata de un intento aparentemente más limitado que el de un decreto firmado por Trump el año pasado, con el cual buscaba eliminar de manera general el derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema rechazó esa medida en junio con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que concede la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

“Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval este jueves.

Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento…

Uno de los decretos firmados por Trump el miércoles está dirigido contra los “extranjeros enemigos”, los miembros de organizaciones terroristas extranjeras y determinadas personas que cabildean o actúan en nombre de gobiernos extranjeros. Los hijos de personas pertenecientes a esos grupos no serían elegibles para recibir la ciudadanía por nacimiento, de acuerdo con Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas inmigratorias del Gobierno.

El segundo decreto se centra en el llamado “turismo de parto”, un tema prioritario para quienes defienden políticas inmigratorias más restrictivas. La legislación estadounidense ya prohíbe obtener una visa “con el propósito principal de conseguir la ciudadanía estadounidense para un hijo al dar a luz en Estados Unidos”.

Miller describió el decreto como una prohibición del turismo de parto, aunque no está claro qué añadiría a lo que ya establece la legislación estadounidense. Axios fue el primer medio en informar sobre los decretos.

Corte Suprema incluyó una firme defensa

La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio incluyó una firme defensa de la ciudadanía por nacimiento tal como se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo. Los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos del país, determinó la corte, incluso si sus padres se encuentran en él de manera temporal o sin autorización legal.

Una mayoría de cinco jueces sostuvo que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza ese derecho. Varios jueces conservadores expresaron su desacuerdo y argumentaron que la decisión no impedía el tipo de turismo de parto que Trump había intentado frenar inicialmente.

Un sexto juez, Brett Kavanaugh, concluyó que el decreto inicial de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento estaba prohibido por la legislación federal, no por la Decimocuarta Enmienda.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.

La corte reconoce desde hace tiempo algunas excepciones a la regla y volvió a hacerlo en su trascendental decisión de este verano. Sin embargo, esas excepciones se limitan a los hijos de diplomáticos y de “enemigos” nacidos durante una “ocupación hostil”.

Interpretación

Aun así, varios integrantes del sector conservador de la corte afirmaron entonces que la decisión del 30 de junio permitiría el tipo de turismo de parto que preocupaba a Trump.

“La corte ha reinterpretado la Decimocuarta Enmienda para proteger un conjunto de derechos de su preferencia que el Congreso de la Reconstrucción nunca contempló y que no encuentra respaldo en el texto”, escribió el juez Clarence Thomas en su voto disidente. “Hoy, la corte vuelve a hacerlo al reconocer un derecho constitucional a la ciudadanía para los hijos de todas las personas extranjeras que practican el turismo de parto y de los inmigrantes indocumentados”.

Solo otro integrante de la corte, el juez Neil Gorsuch, se sumó a esa opinión.

“Según la interpretación que hoy hace la corte, la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a prácticamente toda persona que nazca en este país, incluidos los hijos de las ‘turistas de parto’, mujeres que vienen aquí exclusivamente para dar a luz y luego regresan de inmediato a sus países”, escribió el juez Samuel Alito en un voto disidente individual.

ACN/MAS/CNN

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