Sucesos
A golpes matan un preso en los calabozos del Cicpc Propatria
A golpes matan un preso en los calabozos del Cicpc Propatria. A la víctima la identificaron como Víctor Gil, de 54 años. Lo detuvieron por presunta agresión sexual a menores.
Los otros presos se enteraron del motivo de su detención y lo asesinaron a golpes. El homicidio ocurrió en un calabozo de la Subdelegación de la policía científica del Oeste, en Propatria.
Gil, de profesión Contador, estaba en situación de calle desde hacía aproximadamente ocho años. Lo ingresaron a esa dependencia el sábado de la semana pasada.
Al día siguiente, el domingo, los otros privados lo agredieron brutalmente tras conocer el motivo de su detención, sostuvo la fuente policial.
Los funcionarios de guardia se percataron de lo ocurrido y se acercaron a las celdas. Lo llevaron al Hospital de Los Magallanes de Catia, donde murió. La autopsia reveló que uno de los golpes que recibió en el pecho le ocasionó la muerte.
Familiares de Víctor Gil se enteraron que el cadáver estaba en la morgue y lo fueron a retirar.
Trascendió, que cuando el contador llegó a la Subdelegación estaba golpeado por otras personas, debido a que lo señalaron de violencia sexual contra niños.
Cuando los funcionarios lo dejaron en el calabozo, los demás presos lo atacaron por la presunta agresión sexual a menores.
No obstante, las pesquisas de los detectives determinaron que Víctor Gil no estuvo involucrado en ninguna agresión sexual a niños.
Extraoficialmente se conoció, que los calabozos que sirven para detención preventiva del Cicpc Subdelegación Propatria rebosó su capacidad; para el momento cuenta con 24 privados de libertad.
Los parientes de Gil desconocen los motivos por los cuales él cayó en situación de calle. Estuvo casado y se separó de su esposa. También era reservista de la Infantería de Marina Bolivariana y era padre de una hija.
ACN/El Nacional
Sucesos
Ministerio Público abrió investigación por presunto contrabando de diésel en Valencia
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Sexta contra la Legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, abrió una investigación penal en relación con una presunta red de contrabando de diésel en el sur de Valencia.
Al respecto se emitió una orden de privativa de libertad para Wilmer Francisco Sánchez, Ronald Jesús González Rivas y Óscar Gilberto Ceballos por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en el Ordenamiento Jurídico.
La instancia, a cargo del abogado Ángelo Dorta, envió la directriz a los Cuadrantes de Paz N° 1 del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en respuesta a una solicitud del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo.
El organismo del Poder Judicial ordenó, asimismo, la respectiva medida judicial de privación preventiva de libertad contra los individuos señalados por contrabando agravado. También por asociación para delinquir y manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos.
En la primera intervención fueron incautados -en un galpón del sector El Recreo, parroquia Rafael Urdaneta- 14 recipientes plásticos, con capacidad de 20 litros y ocho recipientes plásticos con capacidad de 60 litros. Además, ocho recipientes metálicos, con la capacidad de almacenar 200 litros y diferentes unidades vehiculares. Estos presuntamente utilizadas para transportar el diésel hacia empresas o comercios que adquirían la sustancia química valorada ilegalmente en 2 dólares por litro.
En el lugar también confiscaron 700 litros de combustible diésel, dos baritanques de plástico con una capacidad de mil litros y dos bombas surtidoras de diésel.
Otra trama de corrupción, desviaciones y excesos
Según publicación en medios regionales, Óscar Gilberto Ceballos, uno de los procesados por esta causa, sería hermano de Gilberto Ceballos, funcionario de la Alcaldía de Valencia que sustituyó a Santiago Bruzco como presidente del Instituto Municipal del Ambiente (IMA). Cabe destacar que en esa dependencia municipal se está investigando otra presunta trama de corrupción, desviaciones y excesos que decantaron en el pronunciamiento de un Tribunal Penal.
En ese caso quedaron privados de libertad varios directores del reprensible IMA. Mientras el otrora jefe ambiental, Santiago Bruzco, predecesor de Gilberto Ceballos, se encuentra huyendo de la justicia.
Por otra parte, se determinó que el importante combustible -que se traficaba de manera ilícita a 2$ por litro- era sustraído con el beneplácito y autorización del propietario de la Estación de Servicio “El Prado” quien, por tanto, sería parte del contubernio.
Las investigaciones continúan en manos de las autoridades para establecer responsabilidades de un número mayúsculo de individuos culpables de la escasez de diésel en toda la región central venezolana.
Con información de ACN/Notitarde
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