Sucesos
Desmontaje bélico o montaje político la incursión en La Guaira
Versiones encontradas, provenientes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la Oposición venezolana, así como de la Cancillería colombiana, plantean un impasse (típico de la otrora guerra fría entre el capitalismo yanqui y el comunismo soviético), que habla del desmontaje desestabilizador de una incursión armada por un lado; y por el otro, de un montaje con “la acostumbrada estrategia del gobierno, de buscar debates y distractores externos en momentos de crisis interna”.
Declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Nestor Reverol, reveló que fueron incautados diez fusiles, una pistola Glock 9 milímetros, dos ametralladoras AFAG, seis vehículos terrestres tipo camionetas, una lancha con dos motores fuera de borda, dos cuadernos con detalles de la operación, teléfonos satelitales, identificaciones, uniformes, un casco con la bandera estadounidense, y cartuchos cargados de diferentes calibres. Las acusaciones de Reverol fueron repetidas más tarde por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello
La Oposición venezolana calificó el hecho como un montaje. Iván Simonovis, comisionado de Inteligencia y seguridad del gobierno interino de Juan Guaidó, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber ejecutado extrajudicialmente a oficiales del Ejército; «verdaderos patriotas que trabajaban por restituir el orden judicial y sus cadáveres son utilizados para este falso positivo», expresó el ex comisario a través de su cuenta en Twitter.
La Cancillería de Colombia señaló en un comunicado que son un intento más de “desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela”.
“Se trata de una acusación infundada, que intenta comprometer al Gobierno de Colombia en una trama especulativa”; manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país.
Neutralizan en Venezuela incursión armada marítima
Un grupo armado intentó una incursión armada en Venezuela para generar desestabilización, violencia y atentar contra miembros del Gobierno, afirmó el Gobierno de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, neutralizaron la incursión por vía marítima de un grupo armado que pretendía infiltrarse en el país, denominada «operación Gedeón».
Denominada oficialmente «Operación Negro Primero», las fuerzas de seguridad venezolanas informaron sobre el fallecimiento de ocho personas; entre ellos uno de los líderes de la incursión, Robert Colina Ibarra, alias Pantera, así como la detención de otras dos personas.
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Nestor Reverol; reveló que también fueron incautados diez fusiles, una pistola Glock 9 milímetros, dos ametralladoras AFAG, seis vehículos terrestres tipo camionetas, una lancha con dos motores fuera de borda, dos cuadernos con detalles de la operación violenta, teléfonos satelitales, identificaciones, uniformes, un casco con la bandera estadounidense, y cartuchos cargados de diferentes calibres.
“Infundadas” acusaciones de Venezuela sobre incursión en La Guaira dice Colombia
La Cancillería del vecino país señaló en un comunicado que son un intento más de “desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela”.
Por “infundadas” y “especulativas” rechazó —este domingo 3 de mayo– el Gobierno colombiano las acusaciones del Gobierno de Nicolás Maduro; según las cuales los supuestos mercenarios que intentaron invadir su país por vía marítima procedían de Colombia.
“Se trata de una acusación infundada, que intenta comprometer al Gobierno de Colombia en una trama especulativa”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Según la Cancillería, las afirmaciones del “gobierno de Nicolás Maduro”, culpando a Colombia “de supuestos hechos de desestabilización”; son un intento más de “desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela”.
Al anunciar este domingo que fue frustrado un plan de invasión por vía marítima en el estado de La Guaira, cercano a Caracas; el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó que el grupo de “mercenarios terroristas” procedía de Colombia.
Los supuestos invasores planeaban, según el funcionario, perpetrar actos terroristas, asesinar “a líderes del Gobierno revolucionario; incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado”.
Falsas versiones de incursión en La Guaira
“Colombia rechaza las declaraciones de Néstor Reverol, sobre un supuesto intento de ‘invasión por vía marítima’ de un grupo de mercenarios terroristas procedente de Colombia; que intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del estado La Guaira, en un punto ubicado a más de 490 kilómetros del punto de costa más cercana de Colombia”, agregó la Cancillería en el texto.
Las acusaciones de Reverol fueron repetidas más tarde por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello; quien dijo que ese órgano legislativo “rechaza de manera contundente (…) que el Gobierno de EEUU y el Gobierno de Colombia sigan intentado socavar las bases de las instituciones venezolanas participando activamente en golpes de Estado”.
Según Cabello, ocho personas fallecieron y al menos dos están detenidas tras el fallido intento de desembarco.
Dijo, durante su declaración a través del canal de Estado; que «se encontró armamento de altísimo calibre, teléfonos satelitales y un casco con la bandera de EE UU».
Igualmente, aseguró que «uno de los detenidos es un agente de la DEA, dicho por él mismo».
«Uno de los muertos es alias «Pantera» quien tenía vínculos con golpistas», reveló el presidente de la Consituyente; quien insistió en que «estos intentos mercenarios están siendo financiados por el narcotráfico».
«Esas lanchas salieron de Colombia, lo sabemos por el GPS de las lanchas», de acuerdo con las declaraciones de Cabello.
Pero para la Cancillería colombiana, las acusaciones hacen parte de; “la acostumbrada estrategia del gobierno de buscar debates y distractores externos en momentos de crisis interna”.
Abatidos 8 «mercenarios» y capturado un agente de la DEA informó Diosdado Cabello
Por eso, el Gobierno colombiano pidió a la comunidad internacional; “que rechace este tipo de acusaciones y tenga conciencia frente a los intentos reiterados del dictador Maduro por comprometernos en versiones falsas sobre supuestos hechos de fuerza”.
Los dos países no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019; cuando Maduro las rompió tras el fallido intento del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, de encabezar una caravana de ayuda humanitaria que partió desde la ciudad colombiana de Cúcuta con la intención de cruzar la frontera.
Montaje para profundizar la persecución política
El gobierno presuntamente este domingo ejecutó extrajudicialmente a oficiales del Ejército; «verdaderos patriotas que trabajaban por restituir el orden judicial y sus cadáveres son utilizados para este falso positivo», expresó el ex comisario a través de su cuenta en Twitter
Iván Simonovis, comisionado de Inteligencia y Seguridad del gobierno interino de Juan Guaidó, advierte que lo ocurrido esta madrugada en Vargas (La Guaira); en un presunto intento de incursión marítima en Macuto donde fallecieron ocho personas, solo busca profundizar la persecución política en el país.
Según el ex preso político, este suceso es creado por el gobierno de Maduro; para así aumentar la represión en contra del gobierno interino y cualquier persona que se oponga a su ideología política.
El consultor penal venezolano aseguró que existe un descontento entre los funcionarios de las Fuerzas Armadas y las organizaciones policiales.
“Seguiremos investigando hasta llegar a los últimos detalles, para hablarle con la verdad al país. Sea lo que sea, hay venezolanos muertos”, reiteró.
ACN/EFE/diarios/redes
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Sucesos
En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025
Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.
Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.
De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.
Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.
Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.
75% de privados de libertad sin sentencia firme
De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados. Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.
En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.
Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.
La cárcel como sentencia de sufrimiento
El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.
Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad. “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

Humberto Prado
Sobre presos políticos
De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.
De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.
Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Grupos vulnerables
Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.
En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.
En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.
Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…
En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.
Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.
Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

ACN/MAS/Prensa OVP
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