Nacional
ONG denuncian «arremetida» contra activistas y sindicalistas
Denuncian «arremetida» contra activistas y sindicalistas. La plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a cinco ONG del país, denunció este domingo 10 de julio una «nueva arremetida» contra activistas por los derechos humanos; trabajadores humanitarios y sindicalistas.
«En los primeros días de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares, como lo son Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez»; señaló la organización en un comunicado de prensa.
La plataforma, conformada por Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Espacio Público; indicó que estas «detenciones arbitrarias» representan «otro ataque» a la libertad sindical y a las organizaciones civiles.
Denuncian «arremetida» contra activistas y sindicalistas
Todos los detenidos, señaló la organización, han ejercido el activismo sindical en diversas regiones del país; Gabriel Blanco actualmente se desempeña como trabajador humanitario.
«En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingresos a las entidades de trabajo, ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o por exigir el cumplimiento de garantías laborales»; agregó.
Acusados de dos delitos
Gabriel Blanco y Néstor Astudillo fueron acusados de los delitos de asociación para delinquir y conspiración; según informó el sábado la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
«Tribunal Cuarto de control con competencia en Terrorismo declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público (Fiscalía) en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y tres personas más»; indicó la organización en su cuenta de Twitter.
La ONG venezolana Provea denunció el pasado 7 de julio que la gestión del presidente Nicolás Maduro «insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical; garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución nacional y la legislación vigente»; expresó.
«Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas; en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida»; añadió.

Néstor Astudillo.
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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