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Creció en un 60% la inseguridad alimentaria en Latinoamérica

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La inseguridad alimentaria en Latinoamérica creció en un 60% entre 2014 y 2021, hasta abarcar un 40,6% de la población de los países de la región, superando en más de diez puntos la media global, que se sitúa en 29,3% de la población mundial, informaron este martes organismos internacionales en Santiago de Chile.

Según un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa Mundial de Alimentos (WFP), las personas que sufren subalimentación también aumentaron en la región, de un 5,8% de la población en 2014 a un 8,6% en 2021.

La inseguridad alimentaria golpea especialmente las zonas rurales de Latinoamérica, que registran un 44,3% de incidencia de pobreza, 15 puntos más que en las zonas urbanas, de acuerdo al documento.

Inseguridad alimentaria crece

Los tres organismos internacionales alertaron que las sucesivas crisis económicas internacionales y la invasión rusa en Ucrania hicieron crecer fuertemente la inflación de los productos alimentarios, afectando negativamente las cadenas latinoamericanas de producción agropecuaria.

En concreto, los precios de los alimentos y bebidas en la región escalaron hasta un 12,4% la variación interanual en septiembre de 2022, cuatro puntos porcentuales por encima del IPC mundial.

Además, la disminución de los precios internacionales de los alimentos entre abril y octubre de 2022 no se trasladó a una caída equivalente de los precios en los países de la región, remarcó el texto.

“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Vulnerables a los vaivenes

La mayoría de los países latinoamericanos y caribeños son vulnerables a los vaivenes de los precios internacionales de los alimentos, porque son importadores netos de muchos productos básicos.

Por ejemplo, en la región, 26 países son altamente dependientes de las importaciones de trigo, y 13 lo son al maíz; solo Argentina es exportadora neta de todos los rubros agropecuarios principales.

La crisis de precios se solapa, asimismo, con altos niveles de deuda de la mayoría de los Estados -de hasta un 52,1% del PIB anual de promedio-, con condiciones de crédito más duras como consecuencia de las políticas monetarias restrictivas de las principales potencias, y con la devaluación de las monedas que acelera la inflación.

Por ello, Cepal, FAO y WFP reclaman a los Estados “respuestas de emergencia” para mejorar el acceso a los alimentos de la población de la región y mantener la producción agrícola local, como la reducción de aranceles y la diversificación de fuentes de las importaciones clave.

Con información de EFE

 

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Internacional

Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses

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Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares - Agencia Carabobeña de Noticias
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Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.

La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.

Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares

Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.

En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.

La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

ACN/MAS/Agencias

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