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Condenan a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner

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A prisión Cristina Fernández - noticiacn
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Condenaron este martes a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, por la causa “Vialidad”. Sin embargo, no irá a la cárcel.

Fernández de Kirchner la declararon culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero. El tribunal la sentenció a 6 años de prisión.

Aun así, debido a su rol como vicepresidenta, Fernández de Kirchner tiene inmunidad, lo que la protege tanto legal como civilmente en un caso criminal y no irá a la cárcel.

Seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner

La Fiscalía acusó a la vicepresidenta de haber encabezado una asociación ilícita para direccionar, junto a otros funcionarios, contratos millonarios de obras viales que, según la querella, quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.

Cristina Fernández de Kirchner negó los cargos durante el juicio y denunció que se trata de una persecución política. Según dijo previamente, esta acusación de corrupción —la única contra la vicepresidenta que ha llegado a la instancia de juicio oral— no tiene fundamentos y se trata de una persecución en su contra suya y del proyecto político que representa.

Fernández de Kirchner dice que no va a ser candidata

Tras la noticia de su condena, Cristina Fernández de Kirchner dio declaraciones públicas en las que aseguró que no se lanzaría como candidata presidencial el próximo año. La sentencia no evita que Fernández de Kirchner pudiera aspirar a ese cargo.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada’, con ‘inhabilitación perpetua’, con ‘administración fraudulenta por el estado’ (…) Bueno, no voy a ser candidata”, dijo la vicepresidenta. Luego insistió en que “no va a ser candidata a nada” y que su nombre “no va a estar en ninguna boleta”.

El fiscal Diego Luciani, al frente de la causa “Vialidad”, pidió en agosto 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación hace referencia, específicamente, a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena nacional.

Lázaro Báez entre los señalados

En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, exsocio del matrimonio Kirchner y a quien los fiscales señalan como el principal beneficiario de esta supuesta defraudación. En otras palabras, que habría sido él el favorecido con el direccionamiento de las obras, y que luego, por distintas vías, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.

El fiscal Luciani —quien fija el inicio de la supuesta defraudación en el Gobierno de Néstor Kirchner— afirma que, para hacer el desvío de fondos, “de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa”.

Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión, dictada en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, y que ha sido apelada por su defensa ante la Cámara de Casación. Sobre esta condena, su abogado afirmó que es producto de una supuesta “persecución política y mediática”. En diálogo con CNN, la defensa de Báez negó las acusaciones, alega que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a otro expediente y que durante los alegatos demostrará que la fiscalía miente en sus argumentos.

A prisión Cristina Fernández - noticiacn

Con información de CNN

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Asesinan a otro alcalde en Ecuador en vísperas del polémico referendo

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Asesinan a otro alcalde en Ecuador - Agencia Carabobeña de Noticias - Agencia ACN- Noticias Carabobo
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Asesinan a otro alcalde en Ecuador, este viernes 19 de abril, se trata de Jorge Maldonado, quien era mandatario de la localidad minera de Portovelo. Es el segundo en tres días en vísperas del referendo.

La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) confirmó en un comunicado la muerte del político. De acuerdo a medios locales, el atentado se produjo en torno a las 9:20 hora local (16:20 CET) de este viernes,  cuando presuntos sicarios dispararon contra Maldonado. Al mandatario  lo trasladaron inmediatamente a un centro médico, donde se confirmó su deceso.

El asesinato de Maldonado se produjo menos de 48 horas después del ataque perpetrado contra José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, situado en la sureña provincia andina de Azuay. Ambos municipios -Portovelo y Camilo Ponce- tienen en común que en sus territorios hay presencia de actividades de minería ilegal.

Además, ambas jurisdicciones están  en zonas de tránsito hacia la costa ecuatoriana, que constituyen el principal eje del narcotráfico llevado a cabo por las bandas criminales que operan en Ecuador.

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Un total de tres alcaldes asesinados en menos de un mes

Es de recordar que, hace menos de un mes atrás, también apareció asesinada dentro de un vehículo, junto a su coordinador de Comunicación, la alcaldesa más joven de Ecuador, Brigitte García.  Con tan solo 26 años de edad, estaba al frente del cantón San Vicente, en la costera provincia de Manabí.

Los asesinatos de Sánchez y Maldonado se  producen además, en una semana crucial para el Gobierno de Daniel Noboa, que para este domingo convocó un referéndum para sacar adelante una serie de reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.  Los asuntos de seguridad acaparan la mayoría de las once preguntas que componen en este plebiscito. Noboa busca dar más herramientas a las autoridades para combatir al crimen organizado.

Entre esas cuestiones destaca la propuesta de que las Fuerzas Armadas apoyen de manera permanente a la Policía en operaciones contra la criminalidad organizada,. Esto sin necesidad de expedir de manera constante estados de excepción para que puedan cumplir con ese propósito.

Asimismo, plantea elevar las penas para delitos relacionados con el crimen organizado y eliminarles los posibles beneficios penitenciarios. Con estas medidas el Gobierno de Noboa quiere poner freno a la creciente ola de violencia criminal que ha azotado al país durante los últimos años.

 

Con información de DW

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