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¿Cuáles son los casos que analizará la Corte Penal Internacional a Venezuela?

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Un examen preliminar abrirá a Venezuela la Corte Penal Internacional con la finalidad de evaluar crímenes presuntamente cometidos desde el mes de abril de 2017 en el marco de manifestaciones tanto represión hacia ciudadanos, detención a miembros de la oposición y lesiones o muertes a funcionarios de la fuerza de seguridad, según lo especificó la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), S.E. Sra. Fatou Bensouda.

Aclaró que no es una investigación sino un proceso por el cual se examina la información disponible con pleno conocimiento de causa para proceder a una averiguación de conformidad con los criterios establecidos en los estatutos de Roma.

En el mes de octubre del año pasado en la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició por un período de dos meses audiencias públicas en la que se determinarían si había fundamento para denunciar al gobierno venezolano por crímenes de Lesa Humanidad.

La defensora de Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de Casla Institute Tamara Suju, representantes del Foro Penal Venezolano y testimonios de familiares de presos políticos, o que fueron reprimidos en las manifestaciones y lamentablemente perdieron la vida, nutrieron la tribuna con denuncias no sólo de los hechos registrados a partir de abril de 2017 sino en años anteriores.

Casos como el de joven Juan Pernalete de la voz de su padre estuvo en la mesa de la OEA para la Corte Penal Internacional. Dijo que a su hijo no lo «asesinaron con una pistola de pernos como dijo falsamente el gobierno, sino con una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana a corta distancia».

El padre de Fabián Urbina también expuso el caso de la muerte de su hijo durante una protesta en Altamira el 19 de junio.

El Foro Penal Venezolano informó el mes de agosto de 2017 que al menos 101 personas perdieron la vida durante las manifestaciones que iniciaron en el país el pasado 1ero de abril contra el gobierno y que e mantuvieron por tres meses.

En el mes de noviembre la exfiscal de la República Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya  con la finalidad de denunciar crímenes de Lesa Humanidad cometidos por funcionarios del gobierno venezolano.

En la lista figuran el presidente Nicolás Maduro, el ministro de defensa, Vladimir Padrino López el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, entre otros.

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ACN / @VanesaRojasVe.

 

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Estudiantes extranjeros en EE.UU. con visas revocadas demandan al gobierno de Trump

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Estudiantes extranjeros en EE.UU. con visas revocadas demandan al gobierno de Trump
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Al menos una centena de estudiantes extranjeros en EE.UU. con visas revocadas demandan al gobierno de Trump ante una corte federal.

A los estudiantes cuyo estatus migratorio legal en Estados Unidos lo revocó la administración de Donald Trump, los representa en una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La asociación interpuso la demanda en la Corte Federal del Distrito de New Hampshire a través de la firma legal Shaheen & Gordon. Se hizo en representación del grupo de estudiantes de Massachusetts, Maine, Rhode Island y Puerto Rico, a quienes les cancelaron sus visas F-1.

La F-1 es una visa de no inmigrante para estudiantes internacionales que quieran formarse académicamente en Estados Unidos.

Estudiantes extranjeros en EE.UU. con visas revocadas demandan al gobierno de Trump: cancelación sin previo aviso

Los demandantes se enteraron por email y sin previo aviso de que sus estatus de estudiantes F-1 quedaron cancelados. Esto dejó en duda su legalidad para permanecer en el país y terminar sus estudios, así como su posibilidad para responder a la acción del gobierno y defenderse. Así lo recoge la denuncia, la cual fue citada en medios locales.

Un reporte de un medio señaló que la acusación solicita al tribunal que restablezca el estatus migratorio de estudiantes con visas F-1, lo que les permitiría continuar sus estudios y evitar la deportación.

La ACLU afirmó en un comunicado que “las consecuencias de la terminación unilateral e ilegal de los Demandados son graves” y deja a los estudiantes sin estatus legal.

A quienes obtienen la F-1 resultan beneficiados con el ingreso al país para participar en un programa de estudios a tiempo completo. Siempre que sea en una institución educativa aprobada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).

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