La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre Venezuela por la fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestaciones y graves abusos a detenidos, informó la institución en un comunicado. La Fiscalía investigará el uso excesivo de los cuerpos de seguridad durante las protestas de 2017.

El examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en Venezuela a partir de ese mes, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó sin competencias a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

Según el comunicado de la Fiscalía, se investigará la «fuerza excesiva» utilizada por fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos.

La institución reconoce que, en esas protestas, algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, lo que provocó lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad.

También recordó que una investigación preliminar no es una investigación de pleno, sino un «proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación».

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo investigaciones genuinas sobre los hechos investigados.

La Fiscalía apuntó que no hay tiempo establecido sobre la duración de un examen preliminar, ya que depende de los hechos y circunstancias de cada situación y se reserva el derecho de continuar recopilando información para establecer si inicia una investigación de pleno o si no hay una base razonable para proceder.

Por otra parte, la Fiscalía abrió este jueves otra investigación preliminar a Filipinas por crímenes presuntamente cometidos desde julio de 2016 durante la campaña denominada «guerra contra las drogas», lanzada por su presidente Rodrigo Duterte.

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