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AI lanza acción urgente por cese de ataque contra activistas venezolanos

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Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante.
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Amnistía Internacional, AI lanza acción urgente por cese del ataque contra los activistas venezolanos Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, demandados por difamación hace una semana por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; luego de que solicitaran que se investigue su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.

“El gobernador debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos”; pidió la organización en un comunicado.

El pasado 16 de mayo, Infante y Alvarado recibieron la notificación de una demanda por difamación del gobernador de la entidad carabobeña.

La ONG Provea aseguró que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe “Lupa por la Vida”; durante la cual se aseveró que “la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava”.

AI lanza acción urgente por cese del ataque contra los activistas venezolanos

El jueves pasado, Alvarado, coordinador de investigación de Provea, aseguró que la demanda forma parte del “cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil” en Venezuela; dijo.

Por su parte, Infante, coordinador de DD.HH. del Centro Gumilla, argumentó que el informe “no está focalizado en Carabobo, es un informe nacional”; el cual “evidencia que en el año 2021 hubo en el país 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, un descenso de casi un 60 % respecto a 2020”.

“El Gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de DD.HH. que ha llevado a más de 6,1 millones de personas a huir del país”; sostuvo AI.

“Estos ataques no son aislados. Desde principios de 2021, la sociedad civil en Venezuela ha denunciado una nueva ola de represión contra personas activistas y defensoras de DD.HH., centrándose en criminalizar la cooperación internacional e intentar implementar nuevos mecanismos represivos sobre la sociedad civil en el país en 2021, y más recientemente en mayo de 2022”; agregó AI.

ACN/MAS/EFE

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AN prepara una ley para “proteger” las pensiones ante el “bloqueo criminal” de EEUU

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AN prepara una ley para proteger las pensiones - Agencia Carabobeña de Noticias
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La Asamblea Nacional, AN prepara una ley para proteger las pensiones ante el “bloqueo criminal” de EEUU., al aprobar este jueves 2 de mayo la creación de una ley propuesta por el Ejecutivo.

El proyecto de ley presentado ante el Legislativo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Quien señaló que la normativa contempla un “aporte especial” que deberán dar los empresarios para mejorar las pensiones, actualmente en 130 bolívares mensuales, unos 3,5 dólares al cambio oficial.

La ley, que será sometida a consulta para luego ser discutida por segunda vez el próximo martes, cuando esperan aprobarla. La misma establece que la aportación será calculada con base en “la nómina que hoy pagan los empleadores privados, tanto por salario como por bonificaciones no salariales”. Según explicó la vicepresidenta.

AN prepara una ley para proteger las pensiones

Rodríguez -también ministra de Economía- afirmó que la ley contempla el “rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela”.

Según el Gobierno, Venezuela cerró el primer cuatrimestre del año con pérdidas parciales superiores a los 2.000 millones de dólares en sus ingresos como consecuencia de las sanciones estadounidenses.

El presidente del Parlamento y hermano de la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, dijo que están en la “obligación” de sancionar el proyecto de ley el martes próximo, 7 de mayo. Por lo que nombró una comisión mixta conformada por la Comisión de Desarrollo Social y la de Economía para “hacer las debidas consultas”.

Desde marzo de 2022, la pensión, así como el salario mínimo, se mantiene en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, y hoy 3,5 dólares. Lo que significa que se ha reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.

En el país, adultos mayores se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral. Como una necesidad para poder subsanar su “incapacidad para alimentarse” o comprar medicinas, en medio de la crisis que aún vive la nación, según la ONG Convite.

ACN/MAS/EFE

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