Nacional
Solórzano: 31 detenidos de forma arbitraria por caso de El Junquito
Este lunes la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, presentó un informe del operativo en El Junquito donde resultó abatido el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez junto a otros seis acompañantes identificados como Daniel Soto, Abraham Ramos, José Alejandro Díaz, Jairo Ramos, Abraham Agostini y Lisbeth Ramírez.
La diputada informó que se han realizado 31 detenciones arbitrarias a familiares y amigos cercanos de las víctimas por el caso de la masacre de El junquito ocurrida el pasado lunes, al tiempo que aseguró que le brindarán toda la asistencia jurídica que requieran.
De igual forma denunció que familiares, amigos y empleadores de las personas asesinadas han recibido varias amenazas. «Ha habido allanamientos sin orden judicial, torturas», por lo que «ellos requieren protección que el Estado debería dársela».
Solórzano señaló que la manera en que fueron asesinadas las víctimas corresponde a un «patrón de conducta que habla de ajusticiamiento», debido a que según el acta de defunción seis hombres murieron por disparo en la cabeza «en algunos casos dice múltiple y en otros único»; respecto a la mujer, el resultado arrojado fue disparo en la cervical.
Asimismo, la diputada aseguró que los cuerpos fueron sepultados sin autorización de los familiares. «Hicieron firmar a familiares la entrega de los cuerpos y no los entregaron como se debe sino que los llevaron directamente a cementerio (…) Los cuerpos de los masacrados fueron secuestrados por el Gobierno, quien dispuso enterrarlos donde quiso y no donde deseaban los familiares».
Finalmente, Solórzano indicó que todas estas acciones constituyen una violación a los Derechos Humanos, los cuales son delitos que no prescriben. Ante esto, aseveró que lucharán para que todos los culpables paguen por los crímenes cometidos.
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ACN/ @RosimarSanchezG
Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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