Este lunes la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, presentó un informe del operativo en El Junquito donde resultó abatido el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez junto a otros seis acompañantes identificados como Daniel Soto, Abraham Ramos, José Alejandro Díaz, Jairo Ramos, Abraham Agostini y Lisbeth Ramírez.

La diputada informó que se han realizado 31 detenciones arbitrarias a familiares y amigos cercanos de las víctimas por el caso de la masacre de El junquito ocurrida el pasado lunes, al tiempo que aseguró que le brindarán toda la asistencia jurídica que requieran.

De igual forma denunció que familiares, amigos y empleadores de las personas asesinadas han recibido varias amenazas. «Ha habido allanamientos sin orden judicial, torturas», por lo que «ellos requieren protección que el Estado debería dársela».

Solórzano señaló que la manera en que fueron asesinadas las víctimas corresponde a un «patrón de conducta que habla de ajusticiamiento», debido a que según el acta de defunción seis hombres murieron por disparo en la cabeza «en algunos casos dice múltiple y en otros único»; respecto a la mujer, el resultado arrojado fue disparo en la cervical.

Asimismo, la diputada aseguró que los cuerpos fueron sepultados sin autorización de los familiares. «Hicieron firmar a familiares la entrega de los cuerpos y no los entregaron como se debe sino que los llevaron directamente a cementerio (…) Los cuerpos de los masacrados fueron secuestrados por el Gobierno, quien dispuso enterrarlos donde quiso y no donde deseaban los familiares».

Finalmente, Solórzano indicó que todas estas acciones constituyen una violación a los Derechos Humanos, los cuales son delitos que no prescriben. Ante esto, aseveró que lucharán para que todos los culpables paguen por los crímenes cometidos.

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ACN/ @RosimarSanchezG