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No paran las protestas ni los arrestos arbitrarios en Venezuela

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No paran las protestas ni los arrestos arbitrarios en Venezuela: Un total de 17 menores de edad y 37 mujeres han sido privadas de libertad en lo que va de año. Hasta febrero el Foro Penal había registrado 126 detenciones y entre el 1 de marzo y el 9 de abril contó otras 39 aprehensiones, lo que suman 165 arrestos arbitrarios.  Las detenciones han sido selectivas contra militares y personas vinculadas a la FANB y presuntos planes desestabilizadores

Así como las protestas no cesan, tampoco lo hacen las autoridades con las detenciones arbitrarias, que en 2018 superan el número de días transcurridos del año. De acuerdo con la base de datos del Foro Penal Venezolano, desde el 1 de enero hasta el 9 de abril ocurrieron 165 aprehensiones por razones políticas, que incluyen a 17 menores de edad y 37 mujeres.

Gonzalo Himiob, director Ejecutivo de la ONG, indicó que han sido arrestos selectivos contra ciudadanos, militares, personas vinculadas a las Fuerzas Armadas y a supuestos planes desestabilizadores, entre ellos el caso del inspector del Cicpc Oscar Pérez, a quien culparon de planificar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro y fue asesinado durante un procedimiento policial en el Junquito el 15 de enero.

“Se les han violado sus derechos elementales a todos”, expresó. Indicó que el patrón de detención ha sido el mismo de 2014. Desde ese año hasta el 9 de abril de 2018, 12.186 personas han sido arrestadas por razones políticas, la mayoría durante protestas. En el mismo lapso el Foro Penal ha registrado 1.348 presos políticos, de los cuales 227 se mantienen privados de libertad, incluidas 18 mujeres, informó Himiob durante el foro Venezuela una crisis que impacta al mundo, celebrado ayer en Perú, en vísperas de la Cumbre de las Américas.

En su más reciente informe sobre la represión en Venezuela,  la ONG señala que en el país continúa observándose la conducta “sistemáticamente abusiva” de los cuerpos de seguridad del Estado y de los órganos de administración de justicia, pues consideran que estos actúan siguiendo directrices superiores, no ajustados a derecho y tienen en sus manos la libertad e incluso la vida de los ciudadanos perseguidos por motivos políticos, debido a que estos se encuentran presos en condiciones infrahumanas, algunos en cárceles comunes y expuestos a contraer enfermedades.

“La situación de algunos presos políticos es delicada pues hay quienes conviven con presos comunes, lo cual es muy grave porque son inocentes en prisión con reclusos comunes”, manifestó Dimas Rivas, coordinador del Foro Penal Aragua.

Recordó el episodio de terror que vivieron los familiares de 2 de los 4 imputados del caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, quienes se encuentran privados de libertad en la cárcel 26 de Julio, en la cual 7 de los 15 presos políticos recluidos allí fueron tomados como rehenes y amenazados con una granada en el cuello por presos comunes durante un motín en febrero.

Rivas denunció que con ese tipo de acciones se les viola el derecho a la vida, así como  los tratados y pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, además de la presunción de inocencia debido a que  son juzgados en prisión.

“Aquí no se respetan los derechos fundamentales no solo de los presos políticos, sino también de todos los venezolanos; la calidad de vida de los venezolanos es una muestra de que no hay garantía de vida aquí en Venezuela”, manifestó Araly Núñez, hermana de Gregory Sanabria, estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que tiene tres años y seis meses en prisión y se encuentra en El Helicoide.

Núñez exigió atención médica urgente para su hermano, que sufre de gastritis crónica, hernia inguinal y ataques depresivos, pero el tribunal y el Sebin se niegan a permitirle tratamiento médico. También le prohibieron desde febrero la visita familiar y de sus abogados en  “castigo” por defender a un grupo de presos políticos menores de edad que eran golpeados.

Denunció que el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas, que conoce del caso, está en receso desde el 15 de febrero de 2016. “Es increíble y duro ver cómo juegan con la vida de los presos políticos, que usan como fichas y hacen con ellos lo que el gobierno desee”, expresó.

La cifra que registran las estadísticas del Foro Penal es de 12.186 personas detenidas por razones políticas, entre enero de 2014 y abril de 2018, y la denuncia es del Foro Penal, en un debate en Perú sobre la crisis política, económica y social de Venezuela.

ACN/Foro Penal/diarios

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Presidente Maduro superó índices de violaciones de DD HH registró Provea

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Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia del país, el 19 de abril de 2013, hasta entonces los índices de detenciones arbitrarias, represión y violación de derechos humanos se mantenían inertes. La ONG denunció que en este periodo de gobierno se han registrado 210 muertes en el contexto de protestas, lo que triplica el número de casos de los últimos 21 años.

Pero desde esa fecha las cifras han ido creciendo al igual que los golpes a la democracia, la inflación y la escasez de alimentos y medicinas. Provea registró 23.227 violaciones a la integridad personal en 2017.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que el gobierno de Maduro registra la más alta cifra de abusos contra los venezolanos y de impunidad. En los cinco años de gestión se ha caracterizado por asfixiar los derechos elementales de los ciudadanos y el Estado de Derecho no solo por omitir sus responsabilidades, sino por crear mecanismos que coartan la libertad de la gente.

En el periodo de mandato del “presidente obrero” la ONG ha sumado 34.332 detenciones arbitrarias por parte de agentes de seguridad del Estado y de organismos de inteligencia. De ese número, la mayoría ocurrió en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo, OLP. En 2014  y 2017 contaron más de 7.000 arrestos durante las protestas, la cifra más alta en la historia del país de aprehensiones en ese contexto.

Inti Rodríguez, coordinador de Comunicaciones de Provea, señaló que en todos los casos fueron detenciones al margen de la Constitución y las leyes. “Eran personas sobre las cuales no pesaba ninguna orden de captura. Era gente que expresaba su descontento al gobierno o disidentes políticos”.

El gobierno de Maduro ha triplicado los índices de mortalidad en protesta: supera registros de gobiernos anteriores. En los últimos 21 años, 289 personas fueron asesinadas en medio de manifestaciones debido a la actuación de agentes de seguridad, grupos armados y accidentales, señala la ONG. Solo en el gobierno se registraron 210 muertes, de las cuales 70% fueron producidas por funcionarios de la seguridad estatal y paramilitares.

Menos garantías, más represión. Rodríguez indicó que a medida que la crisis política, económica y social en el país se ha agudizado también ha escalado el patrón sistemático y de represión contra los ciudadanos. La implementación de planes de seguridad del Ejecutivo es una muestra.

La acentuación de la represión empezó en 2015 con los operativos de la OLP, en los que  aplicaron patrones represivos de las protestas de 2014, pero de manera selectiva y en comunidades. Esas acciones se profundizaron en los cuatro meses de reclamos, en 2017, cuando se evidenciaron las mayores violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en el país como consecuencia de la militarización de la seguridad ciudadana y del Estado, así como de la impunidad.

“A medida que ha aumentado el descontento popular ha ido escalando la respuesta represiva del gobierno contra los sectores de la sociedad”, expresó el activista de los derechos humanos. Calificó de terrorismo de Estado las acciones represivas del gobierno. Afirmó que con estas prácticas el Ejecutivo intenta acallar el descontento y que la población se inhiba de exigir sus derechos.

Añadió que Maduro posee el número de denuncias de violaciones a la integridad personal más alto en los últimos 57 años. En las manifestaciones del año pasado, 23.227 personas fueron víctimas de este tipo de agresiones.

HRW pidió a la OEA exigir libertad de niños presos

José Miguel Vivanco, director para Latinoamérica de Human Rights Watch, instó al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Andrés González, incluir en la agenda de debates la situación de los menores de edad detenidos en Venezuela en lo que va de gobierno de Nicolás Maduro.

También exhortó a los países miembros de la OEA que exijan a Maduro que dé información y la libertad inmediata e incondicional a los menores de edad que se encuentran presos por razones políticas, entre ellos Ender González y Dylan Canache, que están detenidos en condiciones de hacinamiento en el Sebin del Helicoide desde enero. Les niegan la visita de sus familiares y no han sido liberados pese a que el tribunal les concedió libertad bajo fianza.

Desde 2017 el gobierno de Maduro ha arrestado a 442 menores de edad a través de agentes de seguridad del Estado y de organismos de inteligencia, por presuntamente estar vinculados a manifestaciones. De ese grupo, más de 200 tienen un proceso penal abierto, denuncia en un comunicado Human Rights Watch, en el que citan las cifras del Foro Penal.

ACN/diarios

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