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16 de los 39 excarcelados no eran presos políticos aseguró el Foro Penal

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Excarcelados
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De los 39 excarcelados este viernes, en el marco del plan de reconciliación anunciado por el gobierno, 16 no eran presos políticos, así lo aseguró la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país.

“Tenemos 16 que no son presos políticos”; dijo Alfredo Romero director ejecutivo de la organización a través de un vídeo difundido en Twitter; horas después de anunciarse la liberación de 39 ciudadanos; bajo medidas restrictivas.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; detalló a través de Twitter que 16 de los excarcelados del plan de reconciliación eran procesados por su presunta participación en los hechos ocurridos el 2 de abril de 2018; en los cuales resultó herido el diputado Teodoro Campos.

A este grupo les fue otorgada una medida cautelar de presentación cada 30 días; ante tribunales y prohibición de salida del país.

Dicha decisión fue criticada por el excandidato presidencial Henri Falcón; que acuso a la Alta Corte de promover la impunidad al poner en libertad “a los violentos que por poco acaban con la vida de de Campos; un dirigente de su partido, durante un acto proselitista en Caracas.

El legislador fue herido en la cabeza poco antes de finalizar un recorrido del entonces candidato presidencial; al recibir un golpe presumiblemente propinado por una manopla de acero; y se mantuvo con un diagnóstico delicado en situación de hospitalización y observación permanente.

Cifras del Foro Penal

Por su parte Romero detalló hoy que el total de “presos políticos” que maneja el Foro Penal es de 357; y espera confirmar cada excarcelación anunciada hoy por el Ejecutivo; para actualizar sus registros.

De ese total, detalló el jurista, 50 son mujeres y 307 hombres; 12 son menores de edad, solo 23 están formalmente condenados, 58 están bajo arresto domiciliario; (como Leopoldo López), y 12 tienen boletas de excarcelación desde hace meses; que no han sido acatadas por las autoridades penitenciarias.

 

Agencia Carabobeña de Noticias/ EFE

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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