Internacional
TPS para venezolanos continuará vigente por 18 meses
El TPS para venezolanos sigue vigente. La oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración informó que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela previsto para el 7 de abril de 2025 ya no tiene vigencia.
El organismo explicó que se mantiene vigente la extensión de 18 meses concedida en enero por el entonces gobierno de Joe Biden, que protegía a los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026, recoge Univisión.
La agencia indicó que “está cumpliendo con la orden del 31 de marzo de 2025 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y pospone la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela para la designación de 2023”.
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El TPS para venezolanos sigue vigente
El juez del Distrito Norte de California Edward Chen frenó esta semana la cancelación del TPS de Venezuela ordenada en febrero por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en respuesta a una demanda interpuesta por venezolanos que resultarían afectados por la cancelación del TPS, acompañados por varias organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu).
El magistrado dijo que el gobierno no demostró “ningún daño compensatorio real al continuar el TPS para los beneficiarios venezolanos”.
El programa TPS es un beneficio temporal otorgado por el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos de ciertos países por razones humanitarias. Este beneficio protege a los migrantes de la deportación mientras está vigente y otorga un permiso de trabajo válido mientras dura el amparo.
ACN/MAS/Agencias
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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