Nacional
El silencio culpable del gobierno
El silencio culpable del gobierno: Por Francisco Mayorga.- La tragedia de Carabobo, o el motín y masacre donde fallecieron 68 presos en los calabozos de la policía del estado regional, ha sido portada en los principales periódicos de América y Europa, las principales organizaciones del mundo y sus líderes se han pronunciado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado en el que se declaró «horrorizada» por el incidente y pidió respeto para las familias de las víctimas.
Sin embargo, extraña el silencio culpable del gobierno nacional y hasta el fiscal general Tarek Williams Saab permaneció callado otro día más en su cuenta de Twitter, sumando su mutismo sobre el suceso al del presidente Nicolás Maduro, el ministro de Interior, Néstor Reverol, y de la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, los dos primeros frecuentemente muy activos en las redes sociales.
La Tragedia en Carabobo, cuando la muerte acabó con la vida de 68 personas en un incendio en una comisaría y la fuga un día después de 21 detenidos de un calabozo policial en Venezuela levantaron las críticas de la oposición al gobierno por su silencio ante estos hechos y sus mensajes sobre el disfrute de la Semana Santa.
Pocas manifestaciones sobre el silencio

Se oscurece la masacre
En unas palabras recogidas en un comunicado, un parlamentario de oposición criticó, además, que no se sepan «las cifras exactas ni los nombres de las víctimas» que fallecieron el pasado miércoles en los calabozos de este edificio policial de la ciudad de Valencia, capital de este céntrico estado y «cada hora que pasa oscurece más esta masacre». Estas palabras ratifican el título «el Silencio culpable».
Todavía faltan por identificar y entregar a sus familiares o allegados siete de los 68 cuerpos, en lo que califica como «motín», hipótesis del incendio que comparten diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y los familiares que se mantuvieron por tercer día consecutivo en los alrededores de la comisaría buscando información sobre sus seres queridos y llevando comida y otro tipo de productos a los reclusos que quedan en los calabozos, según medios locales, quedaron en suspenso.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó el miércoles por la noche de que 66 hombres y dos mujeres que estaban de visita en la comisaría fallecieron en un «presunto incendio», del que no dio más detalles y del que todavía no hay explicación oficial, sólo que recibió la orden del Gobierno de iniciar una investigación, decisión que el mismo Saab ya había anunciado.
El documento de la Cancillería publicado señala, «Solicitar al MP el inicio de una investigación para la búsqueda de la verdad, a los fines de determinar las causas que provocaron este lamentable evento, así como las eventuales responsabilidades a las que haya lugar, y la aplicación implacable y firme de la justicia».
Un «equipo multidisciplinario será creado junto a las autoridades del gobierno regional para la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas», así como «la atención a las personas que resultaron lesionadas en el mencionado comando policial».

El que calla otorga
Pero luego de las primeras palabras, todos permanecieron callados, otro día más, sumándose al mutismo sobre el suceso del presidente Nicolás Maduro, del ministro de Interior, Néstor Reverol, y de la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, los dos primeros, frecuentemente muy activos en las redes sociales.
El presidente Maduro está más ocupado en la creación de mecanismos paralelos y seguir elevando sus niveles de corrupción», señaló Ángel Álvarez, «mientras en Venezuela se cometen violaciones a los derechos humanos de todo tipo. El diputado apuntó a las responsabilidades de la ministra Iris Varela.
«Hechos como este y la fuga masiva que hubo en el estado Aragua evidencian la irresponsabilidad de la ministra», sostuvo Álvarez, quien también se refirió a la fuga de este jueves de 21 detenidos de los calabozos de la Policía del municipio Girardot (PoliGirardot) en Maracay, cerca de Caracas, una evasión en la que se llevaron tres armas de fuego y una moto.
«Notificar que 21 privados de libertad lograron evadir la estación policial de la zona centro y estamos en el proceso de las pesquisas en colaboración con el resto de los demás organismos de seguridad ciudadana del municipio y del Estado», declaró el director de PoliGirardot, Donan Conde, a Unión Radio.
Conde informó que uno de los prófugos se entregó a los grupos de búsqueda desplegados poco después de escaparse de la comisaría y descartó poco después, que los detenidos en esas dependencias estén hacinados,
«Hay cuatro calabozos» y las personas encerradas «lógicamente tenían cierta movilidad dentro de los mismos calabozos, no estaban hacinados como tal», señaló, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones estima que en los calabozos policiales venezolanos hay 32.600 detenidos, cuando el espacio es para unos 8.500.
El motín y masacre por el incendio en los calabozos de la comisaría de Valencia fue título de primera plana (portada) del The New York Times” y de otros periódicos americanos y europeos, llegó hasta la ONU, organismo que en un comunicado de su oficina de Derechos Humanos se declaró «horrorizada» por el incidente y pidió respeto para las familias de las víctimas, pero el silencio culpable del gobierno es más que evidente.
ACN/fuentes propias y diarios
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Nacional
Trata de personas: Defensoría del Pueblo insta a verificar ofertas laborales y vigilar redes sociales
La Defensoría del Pueblo desplegó este jueves 30 de julio una jornada de concienciación u orientación con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, alcanzando 60 puntos del Área Metropolitana de Caracas y otros 13 estados de Venezuela.
Unos 200 funcionarios defensoriales sensibilizaron a más de 5.000 ciudadanos y servidores públicos en 37 municipios de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, La Guaira, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia y la capital.
El operativo incluyó plazas, centros comerciales, campamentos transitorios, hospitales, terminales de pasajeros, pasos fronterizos y sedes de la administración pública.
Para la ejecución de estas actividades, las defensorías delegadas articularon esfuerzos con más de 90 organismos regionales y municipales, con foco en el centro-norte y las zonas fronterizas del país.
En la capital, más de 20 funcionarios brindaron atención en la Plaza Luis Brión de Chacaíto, la Plaza La Candelaria y las inmediaciones del terminal La Bandera, orientando a los transeúntes sobre los factores de riesgo, las señales de alerta y los mecanismos de denuncia ante sospechas de trata.
Vulnerabilidad ante emergencias y canales digitales
La directora general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la institución, Emiselys Duarte, explicó que el contexto generado por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio incrementa la vulnerabilidad de la población.
Advirtió que la separación familiar, los desplazamientos y la reubicación temporal son factores que las redes criminales aprovechan para la captación.
“En medio de la desesperación, las personas pudieran tomar decisiones que no sean las más adecuadas”, señaló Duarte.
Por su parte, la defensora delegada especial para la Trata de Personas, Milet Muñoz, recordó que este delito no solo abarca la explotación sexual o laboral, sino también la mendicidad forzada.
Muñoz instó a madres, padres y representantes a supervisar la actividad de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales y redes sociales. Asimismo, recomendó a quienes vayan a trasladarse verificar ofertas laborales o de alojamiento antes de aceptarlas.
“El derecho más valioso que tenemos es la libertad; es precisamente el primero que perdemos cuando nos convertimos en víctimas de trata de personas”, afirmó Muñoz.
Cobertura en estados fronterizos y regiones
En los estados Táchira, Zulia, Bolívar y Apure, los equipos abordaron pasos binacionales y terminales terrestres para capacitar a ciudadanos, conductores y cuerpos de seguridad en la identificación de patrones de riesgo.
En Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, La Guaira y Barinas, las actividades se centraron en arterias viales y plazas principales; mientras que en Amazonas, Anzoátegui, Miranda y Monagas se dictaron talleres a funcionarios de Protección Civil, cuerpos policiales, alcaldías e instituciones educativas como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
La Defensoría del Pueblo recordó que mantiene habilitados sus canales de atención telefónica: la línea 08000-PUEBLO (08000-783256), operativa de lunes a domingo entre 8:30 a. m. y 10:00 p. m., y los números 0424-1384164 y 0424-1384168, disponibles las 24 horas.

Con información de nota de prensa
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