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Querella particular presentó Comité de Víctimas en tragedia de Policarabobo

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Comité de Víctimas - acn
También solicitaron la exhumación de los cadáveres. (Foto: Cortesía David Rojas)
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Querella particular presentó Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad de la Tragedia de Navas Spinola. Están en desacuerdo con la acusación que firmó el fiscal nacional 62° del Ministerio Público.

Las víctimas indirectas de la masacre que ocurrió el miércoles 28 de marzo de 2018, junto al Comité de Víctimas, presentaron acusación particular propia ante el Tribunal de Control Cuatro de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

La información la aportó la abogada Constitucionalista Lyli Ladimar López Vásquez, defensora de los DDHH; quien además, es representante del Comité de Victimas de la Justicia y la Verdad de la Tragedia de Navas Spinola.

La querella la hicieron el día 13

La querella particular propia la introdujeron el viernes 13 de septiembre de 2019. López Vásquez está plenamente identificada con la causa.

López Vásquez manifestó que las víctimas indirectas de las 69 personas, 67 presos y dos mujeres que pernoctaban en la Comandancia,  se oponen al archivo fiscal de actuaciones correspondientes al delito de introducción de armas de fuego y municiones en centro penitenciario; previsto y sancionado en el artículo 122 de la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones.

Por esta masacre imputaron en audiencia de presentación realizada en fecha 03  de abril del 2018 a los ciudadanos José Luis Rodríguez, Subdirector del cuerpo de Policía del estado Carabobo; Supervisor Agregado Aníbal Padrón Pacheco, jefe de grupo del área de retén.

Al igual que, al Comisionado Agregado José Antonio Carrera Loaiza, jefe del área de retén; así como a los Oficiales Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez, José Rafael Colina Palencia, ambos auxiliares de retén.

La abogada y activista explicó, que en virtud de una exhaustiva labor de investigación oportuna al caso y “bajo los términos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico”; se logró determinar que en la actualidad existen suficientes elementos de convicción que permiten determinar la ocurrencia de los imputados en este tipo penal.

Existen fundados elementos para acusar a los imputados por este delito; siendo que los funcionarios fueron repelidos con disparos de armas de fuego que poseían los internos dentro de los calabozos.

Un funcionario herido

López Vásquez recordó que el funcionario policial Fernando José Mujica Fábregas, adscrito a la Brigada Motorizada de Apoyo Orden Público resultó herido en la pierna izquierda producto del paso de proyectil disparado por arma de fuego y tuvo que ser trasladado hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

Aseveró que el “Comité de Victimas de la Justicia y la Verdad de la Tragedia de Navas Spinola” como querellante se opone al sobreseimiento en cuanto al delito de omisión al socorro.

De los elementos de convicción ofrecidos, recabados y analizados durante la fase de investigación arrojaron como resultado la posibilidad de atribuirle a los imputados una conducta omisiva en la comisión del delito de Omisión al Socorro, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 438 del Código Penal Venezolano.

Los cinco funcionarios detenidos eran los responsables directos por encontrarse de guardia y resguardo de los privados de libertad en la Comandancia General de la Policía del estado de Carabobo.

Los funcionarios ingresaron al área del retén a realizar la requisa extraordinaria la cual no cumplía con los parámetros legalmente establecidos, aseveró la abogada.

En esta tragedia, también estarían presentes en la presunta comisión del delito de homicidio calificado por medio de incendio en grado de coautoría;  previsto y sancionado en el artículo 406 Numeral 1°, en concatenancia con el artículo 83° del Código Penal Venezolano.

Promovieron nuevos testimonios

La abogada Constitucionalista también apuntó, que promovieron nuevos testimoniales como es el caso de Aldama, Comandante de Policarabobo en aquel entonces;  que no hizo en su momento el Ministerio Público.

López Vásquez le solicita al Ministerio Público mediante el ejercicio de la acción penal en representación del Estado venezolano, para que determine la participación de otros autores y/o partícipes del hecho por la comisión de otros delitos que para el momento de la imputación no se logró determinar dónde están los cuerpos de Rafael Ortega Sánchez y de Jesús Antonio Rivas Lameda.

“Solicitamos la exhumación de los cadáveres debido a que la mayoría de ellos fueron entregados en urnas selladas de acuerdo a los testimonios de los  familiares rendidos en la fiscalía”.

ACN/UVL/@LyliLopez

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Cicpc capturó a tres sujetos que vendían medicamentos de manera ilícita

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Cicpc capturó a tres sujetos que vendían medicamentos de manera ilícita-Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Sucesos
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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)  capturó a tres sujetos que de manera ilícita vendían medicamentos en Los Godos; dentro de un local comercial de productos de limpieza, municipio Maturín, estado Monagas.

Mediante denuncias anónimas e investigaciones de campo, se conoció que Maikhel Reinales (47), Hieeth Aparicio (37) y Jennyfer Buitriago (31); en su comercio de productos de limpieza, también vendían medicamentos, sin contar con los permisos sanitarios, ni las condiciones de salubridad exigidas para tal fin.

Tras la captura de los sujetos, los efectivos incautaron 98 ampollas de morfina y vitaminas. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público.

Cicpc capturó a tres sujetos que vendían medicamentos de manera ilícita

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, advirtió a la ciudadanía acerca de la práctica ilegal de la medicina y la compra de medicamentos en lugares no permitidos. “No al instrusismo médico y a la venta ilegal de medicamentos”, escribió.

 

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La Ley de Ejercicio de la Farmacia y la Ley de Medicamentos contienen disposiciones que castigan las ventas ilegales. El artículo 78 de la última legislación establece penas de entre 6 meses y 3 años y multas equivalentes a 360 unidades tributarias.

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Para quienes alteren la cantidad, dosis o composición de un medicamento o a quienes lo falsifiquen. Señala además que en caso de que se ocasione daño a un tercero, se aplicarán también sanciones establecidas en el Código Penal.

Esta Ley regula todo lo relacionado con la política farmacéutica a los fines de asegurar la disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad, así como su accesibilidad y uso racional a todos los sectores de la población en el marco de una política nacional de salud.

Con información de ACN/NT/AN

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