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Economía

OIT designó Comisión para investigar caso Venezuela

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Fedecámaras
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Los miembros del  Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acordaron  por consenso, designar una Comisión de Investigación (Comisión de Encuesta) para Venezuela.

Esta decisión  se produjo ante la  gravedad y persistencia en las violaciones a los convenios de la OIT y la renuencia del gobierno venezolano a acoger las recomendaciones del organismo internacional.

Esta comisión requiere autorización del gobierno, así lo aseveró  Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, junto a Jorge Roig, representante de los empleadores de Venezuela ante este organismo.

Ambos empresarios estuvieron presentes en la reunión  332ª celebrada en Ginebra, Suiza, este 21 de marzo.

Larrazábal dijo que  la activación de esta  Comisión de Investigación  es oportuna ya que la experticia y apoyo técnico de la OIT pueden ser cruciales para garantizar un diálogo eficaz que conduzca a identificar salidas inmediatas a las enormes dificultades que atraviesa el país. «Se puede generar beneficio para  los trabajadores, los empleadores y la población venezolana en general, y así conducir al país hacia un sendero de crecimiento económico con un futuro prometedor”.

La decisión fue adoptada por esta instancia de la OIT en respuesta a la Queja conforme al artículo 26 de la Constitución del organismo internacional, introducida en junio de 2015, por Fedecámaras y otras 33 organizaciones empleadoras del mundo.

De acuerdo a nota de prensa enviada por Fedecámaras, la Queja conforme al artículo 26, es el máximo mecanismo de control de la OIT para casos de incumplimiento de convenios por parte de los gobiernos.

En el caso venezolano, se analizan los incumplimientos a los convenios 26 sobre Fijación de los Salarios Mínimos, 87 sobre Libertad Sindical y Protección al Derecho de Sindicación y 144 sobre la Consulta Tripartita.

Sus principales premisas son el diálogo entre los diferentes actores para la toma de decisiones que afecten el sistema económico-social y laboral de un país y el pleno ejercicio de la libertad sindical por parte de trabajadores y empleadores.

 

Cabe señalar que el Gobierno, hasta la fecha, ha hecho caso omiso a los exhortos de los distintos órganos de control de la OIT, de constituir una Mesa de Diálogo Tripartita en las condiciones establecidas por dicho organismo.

MCO/ACN

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Economía

Expertos analizan el impacto de la morosidad en los condominios

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morosidad en los condominios
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El aumento de la inflación y la morosidad en los condominios venezolanos ha generado preocupación. Según el diagnóstico presentado por Elías Santana, el 51% de los condominios están en alerta amarilla y el 7% podría colapsar este año.

Santana enfatizó la importancia de la transparencia en la administración de los condominios y recomendó analizar cada caso de morosidad de manera individual.

Por su parte, María Alejandra Parra destacó la necesidad de que los deudores busquen acuerdos de pago y recordó que la Ley de Propiedad Horizontal permite una participación amplia en la gestión condominial.

Ante la crisis, los especialistas han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la creación de tribunales especializados en convivencia y morosidad, así como la implementación de un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria.

Sobre la responsabilidad que tienen los copropietarios con el pago del condominio, Parra puntualizó: «Aquí tenemos que tener una conciencia colectiva, un compromiso; si yo dejo de pagar la planilla de gastos comunes –los recibos del condominio- de manera directa está afectando mi calidad de vida».

Por lo tanto, es indispensable que las personas busquen una solución desde el punto de vista humano antes de tener que llegar a la cobranza extrajudicial o irse a la vía judicial con una demanda que traería como consecuencia que el inmueble deba ser rematado si el deudor no se pone a derecho.

Ante los gastos que acarrearían estas cobranzas, los entrevistadosles sugirieron a las juntas de condominio hacer estimaciones y tomar las debidas previsiones presupuestarias.

Explicaron además el rol que tienen ahora los Jueces de Paz y lo que esperan en materia legal.

«Lo que le pedimos al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) es tribunales especializados en convivencia y morosidad, y juicios muy celeros y rotundos», afirmó Santana.

Para concluir, el especialista en condominios recalcó la necesidad de reforzar la educación ciudadana y que se apliquen las sanciones correspondientes.

«Necesitamos un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria: que es poner de acuerdo a las fiscalías municipales, a la defensoría, a las alcaldías, las gobernaciones y ahora a los 30 000 Jueces de Paz, y que a toda taquilla que tú vayas a plantear un tema de convivencia comunitaria, la respuesta sea la misma (…); eso se lo pedimos al Ejecutivo Nacional, así como le pedimos a la banca, algo que
tú has planteado muchas veces, crédito para los condominios (…); necesitamos que el sector privado reaccione positivamente y ofrezca créditos para los condominios».

 

Con información de nota de prensa

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