El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la designación de Elvis Macuare Guerrero como subdirector del Centro Penitenciario Fénix Lara, tras haber sido destituido del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) por presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población reclusa.

Según los testimonios recabados por el OVP, la llegada de Macuare a Fénix Lara ha conllevado la imposición de castigos constantes, que incluyen la suspensión de visitas familiares y períodos prolongados de aislamiento.

Asimismo, los privados de libertad denunciaron ser víctimas de torturas, descargas eléctricas en los pies y brutales golpizas que provocaron desmayos en varios reclusos.

Familiares de las víctimas expresaron al OVP su preocupación por el incremento de las cifras de fallecidos en el recinto, señalando que al menos dos de los decesos reportados como muertes por enfermedad se debieron a golpizas ordenadas por el funcionario.

Macuare, quien perteneció a la extinta Policía Metropolitana, ya había ejercido anteriormente la subdirección de este recinto junto a Héctor Maraima, actual director del penal, sobre quien también pesan denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Familiares de los reclusos advirtieron al OVP que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo están al tanto de estas irregularidades sin haber tomado medidas al respecto.

Desde la organización alertan que omitir estas denuncias convierte a las instituciones en cómplices por acción u omisión, e insisten en que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario evita investigar a fondo los hechos al limitarse a rotar a los funcionarios denunciados.

El OVP reiteró que el traslado de personal involucrado en violaciones de derechos humanos perpetúa la impunidad dentro del sistema penitenciario.

La organización solicitó una intervención urgente del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la revisión del personal administrativo, técnico y de seguridad, al tiempo que recordó las recomendaciones del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, las cuales señalan que ni los efectivos militares ni los policiales cuentan con la formación requerida para la gestión de recintos carcelarios.

Finalmente, la organización exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo abandonar la inacción e investigar, proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad para evitar consecuencias irreversibles.