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Karim Khan se reunió con Tarek William Saab para hablar del Memorándum de Entendimiento

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Karim Khan - acn
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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan visitó por tercera vez a Venezuela este jueves 8 de junio, donde se reunió con el fiscal general Tarek William Saab para evaluar la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y el organismo internacional en noviembre de 2021.

“Hemos culminado la reunión en el despacho del Ministerio Público (MP) con el ciudadano fiscal de la CPI, Karim Khan, donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en Venezuela”, escribió Saab en su cuenta en Twitter.

William Saab refirió que también conversaron de la implementación del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Estado Venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Hermetismo sobre visita de Karim Khan

En esta oportunidad el hermetismo y la poca información oficial ha rodeado la visita de Khan a Venezuela. Se desconoce mayores detalles de su agenda.

Es de recordar que, en noviembre del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.

Posteriormente el gobierno venezolano acusó al fiscal de instrumentalizar la Justicia con fines políticos, tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro en torno a la investigación.

El pasado mayo, la Sala decidió no otorgar a Venezuela la autorización para responder a un informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, ya que no considera necesario recibir presentaciones adicionales del país. Por eso, dijo que procedería con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación.

ONG rechazaron este miércoles la falta de un anuncio oficial sobre la visita de Khan al país, donde, según organizaciones, reina la opacidad.

Con información ACN/EFE

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Nacional

Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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