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Gobierno de México y clínicas privadas unen esfuerzos contra el COVID-19

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Debido a las recientes protestas de los trabajadores sanitarios debido a la falta de materiales, protocolos y equipo de protección de calidad para afrontar el COVID-19, el gobierno de México y directivos de clínicas privadas unen esfuerzos; para liberar camas y recibir a pacientes de otras patologías con el objetivo de que en el sistema público se concentren en atender a los contagiados con el virus.

Así lo anunció, durante una rueda de prensa de este lunes, dónde López Obrador agregó que «hemos logrado un acuerdo con la Asociación Nacional de Hospitales Privados; para implementar el convenio llamado ‘Un solo Sistema Nacional de Salud'».



Sin embargo, cabe recordar que contagios masivos entre el personal sanitario se detectaron hace pocos días; situación que generó preocupación en la red de seguridad social más grande de México; pues según reseñó el diario El País el 9 de abril, «en menos de 24 horas se han registrado más de 60 casos positivos en tres hospitales, 42 en Cabo San Lucas (en la península de Baja California); 19 en Tlalnepantla (a las afueras de Ciudad de México) y seis en Cuernavaca (en el centro del país)».

Sobre ello, las autoridades indicaron que «pedimos no se saque de proporción las cifras y que no se ponga en tela de juicio la capacidad hospitalaria en atención a la pandemia»; pero no todavía no han explicado de manera clara, cómo esas personas se contagiaron ni quién se hace responsable de responder los reclamos de sus trabajadores.

Gobierno de México y clínicas privadas unen esfuerzos y liberan camas

En relación al convenio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador explicó, que tendrá vigencia del 23 de abril al 23 de mayo; tiempo en el cual se utilizarán la mitad de las camas disponibles del sector privado para atender a pacientes inscritos en el sistema público y deban recibir atención médica secundaria como; un parto, embarazo, puerperio, cesáreas, enfermedades de la apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y otras urgencias.

En el momento en el que las autoridades del Gobierno de México unen esfuerzos con clínica privadas; López Obrador resaltó que «nos va a permitir liberar espacios en hospitales públicos para estar preparados; y cuando se nos presente el momento más crítico, tengamos todas las camas, todos los equipos para salvar vidas».

https://twitter.com/GobiernoMX/status/1249790158515458051?s=20

Respecto a ello precisó, que por ahora son 146 los directivos de clínicas privadas en 27 estados quienes aceptaron el convenio. Entre ellas, se pueden mencionar, Centro Médico ABC campus Observatorio, Grupo Dalinde, San Ángel Inn, Ángeles (Presencia en Puebla) y Hospitales de la Beneficencia Española (Presencia en Puebla), entre otras.



Vale mencionar, que hasta la actualidad según cifras oficiales van 332 muertes, 5.014 personas que han dado positivo por covid-19 y más de 1.500 recuperadas. No obstante, las autoridades sanitarias estiman que los contagios aumenten progresivamente en las próximas semanas.

Asimismo, el mandatario reiteró que el Gobierno de México y las clínicas privadas unen grandes esfuerzos para enfrentar la crisis sanitaria a causa del coronavirus.

Con información: ACN/Actualidad RT/El País/Foto: Cortesía/Capturas de video

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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