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Denuncian que Gobierno dejó de comprar medicinas para VIH en 2016

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Gobierno dejó de comprar medicinas para VIH - noticiacn
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El opositor Miguel Pizarro denuncia que Gobierno dejó de comprar medicinas para VIH desde el 2016 (personas con el virus de la inmunodeficiencia humana); aseguró que los medicamentos disponibles en el país para tratarlo provienen de organismos internacionales.

«Desde el 2016, el Estado no compra los fármacos que necesitan las personas con VIH. Las medicinas que hoy en día están disponibles son producto de las ayudas provenientes de los organismos internacionales; sin embargo, esta expira el 31 de diciembre de este año»; dijo Pizarro en su cuenta de la red social Twitter aprovechando que hoy se celebra el Día mundial de la lucha contra el sida.

Pizarro indicó que las personas con VIH «están en riesgo de quedarse sin tratamiento para el año 2022»; debido a esta situación.

Gobierno dejó de comprar medicinas para VIH

«A esto se le suma la terrible realidad de los pacientes multirresistentes que no consiguen su tratamiento en el país desde hace años»; agregó Pizarro, quien recordó que el derecho a la salud es «fundamental» y «obligación del Estado garantizarlo».

«En Venezuela y muchas partes del mundo, esta condición aún es marginada, en nuestro país es por la desidia, la falta de repuesta y tratamientos»; apuntó.

110 mil personas con VIH

Según indicó el pasado 8 de octubre la directora de Onusida en Venezuela, Regina López; en este país hay unas 110.000 personas que viven con el VIH.

Durante una jornada de formación sobre los derechos humanos de las personas con el VIH o con sida, en Caracas, López dijo que la oficina que dirige tiene una estrategia para el año 2030; con la que se propone llevar a «cero los casos de discriminación y muertes causadas por el VIH/sida».

ACN/MAS/EFE

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Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional

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Población respalda capital privado en sector eléctrico - Agencia Carabobeña de Noticias
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Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.

Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.

La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.

El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.

Población respalda capital privado en sector eléctrico

Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».

En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.

La realidad salarial

Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.

En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.

En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.

Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.

De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.

El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.

ACN/MAS/Banca y Negocios

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