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Gobierno venezolano activó una web para denunciar deportaciones injustas

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Gobierno activo web para denunciar deportaciones injustas
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Este martes el gobierno venezolano activó una web para denunciar deportaciones injustas tras los últimos acontecimientos en torno al tema. En la web migrantes.com.ve cualquier venezolano que tenga algún familiar detenido injustamente en Estados Unidos o secuestrado en El Salvador puede hacer la respectiva denuncia.

La habilitación de la página web por el gobierno nacional ocurre luego de que Estados Unidos enviará a más de 200 migrantes a El Salvador. Los deportados, de nacionalidad venezolana, son acusados por la Administración de Donald Trump de ser miembros del Tren de Aragua.

La iniciativa tiene el objetivo de abogar por los derechos humanos de los migrantes y denunciar la «particular situación de vulnerabilidad que presentan los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, cuya política presidencial se ha dedicado a estigmatizar la migración».

«La persecución, encarcelamiento y deportación de venezolanos sin el debido proceso es una aberración que no nos debe resultar indiferente y que constituye un hecho anacrónico e ilegal. Evoca los episodios más nefastos de la historia humana». Así lo destaca el recién conformado Comité de Defensa de los Venezolanos.

Web para denunciar deportaciones injustas: «Hazlo antes de que sea tarde»

En la web para denunciar deportaciones injustas se puede leer un mensaje al acceder a la misma. «Denuncia ya las deportaciones injustas. Házlo antes de que sea tarde», reza el mensaje en la referida web.

Dentro de migrantes com.ve se despliega un formato donde se requieren algunos datos. Entre estos: ¿quién denuncia? nombre y apellido del denunciante, Nombre de la (s) víctima (s), correo electrónico de contacto y describe el incidente. Una vez, ingresada la información, deberá pulsar la opción para enviar dicha denuncia.

Igualmente, quien lo desee, dentro del portal puede suscribir un documento en contra de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Donald Trump. Esta decisión, alega, busca «perseguir y criminalizar a los migrantes venezolanos».

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Nacional

PROVEA se pronuncia tras declaraciones del fiscal sobre detención de Eduardo Torres

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PROVEA fiscal Eduardo Torres
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Después de más de 96 horas sin información, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció el 13 de mayo que el defensor de derechos humanos Eduardo Torres se encuentra detenido bajo custodia del Estado venezolano.

Sin embargo, el Ministerio Público no ofreció detalles sobre la fecha, hora, lugar ni el cuerpo de seguridad que ejecutó la detención, ni informó sobre una orden de aprehensión o el sitio donde permanece recluido.

Denuncias de desaparición forzada

El reconocimiento oficial de la detención se produjo vía Instagram, luego de días de denuncias por parte de su familia, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Torres tuvo su última comunicación con sus familiares el 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que se dirigía a su casa, pero desde entonces su paradero fue desconocido.

Su esposa, Emiselys Núñez, junto con miembros de PROVEA, recorrió centros de detención en Caracas (DGCIM, SEBIN y PNB), donde las autoridades negaron que estuviera recluido, aumentando la incertidumbre.

La falta de información oficial ha sido cuestionada, pues si su detención ya era conocida por el Estado, ¿por qué no se permitió su comunicación con familiares y abogados?, se pregunta la ONG PROVEA sobre las declaraciones del fiscal sobre Eduardo Torres.

Según organismos de derechos humanos, esta omisión prolongada podría considerarse una desaparición forzada, violando los artículos 44 y 45 de la Constitución.

Irregularidades en el debido proceso

El fiscal aseguró que Torres «fue presentado conforme a los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa», aunque su esposa y miembros de PROVEA esperaron por más de 7 horas el 11 de mayo para su presentación en tribunales, sin éxito.

Además, se denunció que el hábeas corpus solicitado por Núñez no fue recibido, argumentando la falta de una «autorización superior».

La prolongada falta de información sobre su estado y lugar de reclusión sigue representando un riesgo para su integridad física y mental, por lo que familiares y organizaciones mantienen su exigencia de una respuesta clara y garantías de sus derechos.

 

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