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Desfalco a la gobernación de Aragua fue el más grande de la historia

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«Ha sido el desfalco más grande hacia una gobernación» fueron las palabras que utilizó el Fiscal General de la República Tarek William Saab sobre la detención que se realizó el pasado mes de diciembre a madre e hija por irregulares cometidas en contra de la gobernación del estado Aragua.

Dijo que fueron en total 14 millardos de bolívares y el caso se dio a conocer luego que el gobernador de esa entidad Rodolfo Marco Torres y el presidente del Banco de Venezuela elevaran la denuncia.

La principal responsable del hecho fue la secretaria de Hacienda Sinamay Linares pero también resultó implicada su hija, Omaira Cabrera. Ambas resultaron privadas de libertad.

El fiscal dijo que la implicada realizó transferencias de dinero a varias cuentas entre ellos empresas y personas naturales. Fue enfático al mencionar que ninguno de los 10 a los que se les giró órdenes de detención son proveedores de la gobernación de Aragua.

Aunque fue una gran suma de dinero ya se ha podido recuperar la mitad del monto desviado. Esta situación afectó prácticamente toda la nómina del mes de diciembre, puntualizó el fiscal.

El hecho

De acuerdo a una nota de prensa enviada por el Ministerio Público explicaron que mediante una investigación coordinada por este ente, funcionarios de Seguridad Informática del Banco de Venezuela y expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se detectó que por el caso de la gobernación de Aragua el monto sustraído fue transferido a varias cuentas mediante la utilización de un usuario electrónico que otorgaba acceso pleno al manejo de la cuenta bancaria del ente regional. Asimismo se comprobó que Linares y Cabrera, a través de usuarios falsos lograron transferir, desde el pasado mes de noviembre, la citada cantidad a miembros de siete empresas.

A raíz de esta investigación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra las dos mujeres el pasado 29 de diciembre de 2017, petición que fue acordada por el mencionado tribunal el mismo día, razón por la cual fueron detenidas horas después.

La audiencia de presentación se llevó a cabo al día siguiente.

Por este mismo caso, durante la audiencia de presentación, el Ministerio Público solicitó otras 10 órdenes de aprehensión, en contra de las siguientes personas: Víctor Javier Hernández Araya y Christian Julivic Muñoz Hernández, miembros de H.V.J Construcciones C.A; Suyin Rosaly Navarrete Balza, Aidybeth Coromoto Bernal Zeis y Harold Andrés Bernal Zeis, pertenecientes a la empresa Bernal Zeis Construcciones C.A; Lidsay María Acero García de la empresa Agropecuaria Agrocampo 2015 C.A; Juan Bautista Suarez representante de Construcciones y Remodelaciones ZR2 C.A; Yaritza del Valle Vásquez Mata de la empresa Yaris Fashion C.A; Rubén José Nuñez Rengel de la empresa Nuñera C.A; y Osmer Orlanda Rodríguez de la empresa JACCI Bouique C.A.

 

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ACN/ @VanesaRojasVe.

Nacional

OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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